El presidente electo pareciera tener todos los planetas alineados para tener éxito en su administración. Con el colapso del FMLN ha quedado clara la coincidencia de intereses que tenemos con Estados Unidos, una coincidencia que estuvo oculta por el apoyo que el FMLN y su gobierno dieron al régimen de Maduro en Venezuela, la peor dictadura que ha existido en Latinoamérica, y al de Ortega en Nicaragua.
Hay mucha gente que cree que la coincidencia está dada por la voluntad del nuevo gobierno de revertir ese apoyo y unirse a las demás democracias continentales en su rechazo a esas tiranías. Pero hay una coincidencia mucho más profunda: tanto Estados Unidos como el pueblo salvadoreño estamos interesados en convertir El Salvador en un país en el que la gente quiera vivir y hacer su futuro en él en vez de emigrar a Estados Unidos.
Como lo ha demostrado en las últimas semanas, Estados Unidos está dispuesto a invertir fuertemente en nuestro país económica y políticamente. Si no lo había hecho en las magnitudes en las que está dispuesto a hacerlo ahora era porque el FMLN no tenía ni el deseo de permitirlo (el FMLN siempre ha mantenido la actitud de que Estados Unidos es un enemigo) ni la capacidad de coordinar la enorme complejidad de las inversiones que se generarían, y tampoco de permitir el crecimiento del sector privado.
El presidente electo, en su reciente discurso en la Heritage Foundation en Washington D.C. estableció las líneas que su gobierno seguiría en términos de políticas exteriores y domésticas, todas en armonía con la democracia liberal, que es el motor de la sociedad estadounidense y que da las seguridades que los inversionistas, norteamericanos y locales, esperan para apostarle con fuerza al crecimiento de El Salvador.
Por otro lado, el colapso del FMLN también abre la puerta para darle viabilidad económica y política a la administración del presidente electo y en general a la democracia salvadoreña en un conjunto de circunstancias realmente histórico. La democracia ha funcionado en El Salvador ya por más de tres décadas pero es la primera vez en la que se dan dos circunstancias en las que la verdadera democracia puede consolidarse. Una es que por primera vez ninguna de las dos fuerzas políticas más poderosas está movida ideológicamente (si las palabras de la Heritage son sinceras) por el objetivo de destruir la democracia.
La otra es que, por primera vez también, el poder está realmente dividido en dos: el presidente tendrá el ejecutivo pero está muy lejos de tener los votos necesarios para controlar el legislativo. Esto había pasado en otros gobiernos, pero la diferencia de votos para lograr la mayoría era suficientemente pequeña para que los partidos pequeños (el PCN, GANA y la DC) pudieran asegurar que se lograría. Y así lo hicieron.
Ahora la diferencia es enorme. Si todos los partidos pequeños (incluyendo GANA, el del presidente electo) se unen lograrían apenas 23 votos de los 84 de la Asamblea. Pasar una medida por mayoría simple requiere 43 votos, que se pueden lograr sumando ARENA (37 votos) con los del presidente electo (11 de GANA para un total de 48), o con la suma de GANA, PCN, DC y FMLN (46 votos en total).
Estas situaciones se dan en muchas democracias, tanto que la madurez democrática puede medirse por la eficiencia con la que dos fuerzas políticas pueden colaborar por el beneficio del pueblo, sin entregarse la una a la otra pero cooperando por este beneficio. En Alemania, por ejemplo, este ha sido el caso por décadas.
La situación en El Salvador permite lograr una legitimidad enorme para el nuevo presidente si se logra armar una coalición basada en el beneficio del país. Esto haría historia. Si no se logra, el país entero va a perder en conflictos sin sentido.
Pero hay algo que puede desarticular todos los planetas que hoy están alineados: el intento de gobernar sin las instituciones del estado, saltándose el orden establecido por la ley. Cuando esto se hace, como en Venezuela y Nicaragua, el orden jurídico se derrumba, el poder se concentra absolutamente, y así es como surge la corrupción absoluta de esos países.
En esta semana el presidente electo tomó una acción con la que se saltó el orden jurídico del país cuando ordenó a la PNC que soltara a dos estudiantes capturados en una manifestación.
La policía los acusó de tirar proyectiles contra agentes policiales, un delito que se configura como desorden público y daños materiales. En un segundo twit, el presidente electo le dio dos horas a la PNC para soltarlos, amenazando a los policías individuales con que si no lo hacían les iba a abrir un expediente después del 1 de junio.
La PNC dijo que se apegaría a los plazos procesales establecidos por la ley y que, como también dice la ley, remitiría los expedientes a la Fiscalía General de la República, que es la que decide si los acusa o no.
Los procesos que establece la ley protegen a la ciudadanía contra las arbitrariedades del poder político. Ni un presidente ya en funciones tiene el poder para soltar a alguien que ha sido capturado. La policía debe entregar a los reos con su acusación a la Fiscalía y esta decide si acusarlos, y para condenarlos o soltarlos hay que ir a un juez. Eso evita que a alguien lo suelten o lo meten preso dependiendo de si le cae bien o no al presidente.
Esto es lo que ha pasado en Venezuela y en Nicaragua, y este poder sobre vidas y haciendas es lo que les permitió a Chávez, a Maduro y a Ortega imponer su tiranía a base de violencia. En todos estos casos, los presidentes justificaron el salto de las instituciones diciendo que todos los demás eran corruptos. Cuando las instituciones cayeron porque ellos se las saltaron, ellos se constituyeron en tiranos, y como dijo Lord Acton, con el poder absoluto se corrompieron absolutamente.
El presidente electo ha dicho que se opone a las tiranías de Venezuela y Nicaragua. Debe entonces evitar tomar acciones que convertirían a El Salvador en otra Venezuela y destruirían todas las posibilidades de progreso que se abren en este momento.