Reabrir los crímenes de la guerra civil en El Salvador, dice Enrique Borgo Bustamante, “es como juzgar si la serpiente o Eva tuvieron la culpa de que Adán se comiera la manzana. Ya no es hora de estar hablando de quién tuvo la culpa”.
Aunque el reconocido jurista admite que el símil es exagerado, opta por ilustrar así lo que a su juicio sería una persecución injusta.
Esto a raíz de que en el país se ha revivido la discusión sobre una nueva ley de reconciliación nacional que podría delimitar qué delitos cometidos en la guerra estarían exentos de un proceso penal y cómo debería abordarse aquellos que no sean amnistiables.
De acuerdo con Borgo Bustamante, quien fue vicepresidente de la República de 1994 a 1999 -- años clave para la reconciliación del país, “cuando se logra detener una guerra interna hay que buscar un proceso para volver a las condiciones normales con los cambios que puedan derivarse de un pacto o arreglo”.
Este pacto, puntualiza, fue una amnistía absoluta y total, la cual califica como medida de “conveniencia nacional” pues detiene lo que él considera una oleada de “antihermandad y odio”. El jurista incluso añade que el éxito del proceso de paz salvadoreño se debe en gran parte a que en los últimos 26 años ha habido una amnistía amplia.
Antecedente judicial
El 13 de julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley de Amnistía decretada en 1993. A juicio de la Sala, decretar un perdón absoluto riñe con el marco legal del país, la persecución de justicia y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Por tanto, en la sentencia 44-2013 el tribunal manda a reconocer como vigente la Ley de Reconciliación Nacional de 1992, la cual otorga amnistía a delitos comunes pero consigna que “no gozarán de esta gracia los graves hechos de violencia ocurridos desde el 1° de enero de 1980, independientemente del sector al que pertenecieren”. Para delimitar estos graves hechos, la ley de 1992 coloca como parámetro los casos del Informe de la Comisión de la Verdad, que en 1993 identificó 32 violaciones que constituyen duras afrentas a los derechos humanos. En el fallo de 2016, la Sala rescata esta disposición y añade que casos similares o más graves a los recogidos por el informe quedan exentos de perdón.
Esta declaración de inconstitucionalidad ha permitido volver a llevar a los tribunales diversos casos de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto. Según el exvicepresidente de la República, esto pone en peligro la paz, el progreso y la estabilidad de El Salvador, el cual, añade, requiere que no se continúe en las actuales condiciones de revanchismo.
Borgo Bustamante reconoce que la amnistía no es un concepto jurídico usual. De hecho, lo califica de “barbaridad” a la luz de la ley. Sin embargo, advierte que la discusión no debiese ser primordialmente jurídica. “La amnistía es un hecho real, social” fundamental para cesar las hostilidades, dice.
Además, considera que la Sala de lo Constitucional se extralimitó en la sentencia, pues es facultad de la Asamblea Legislativa decretar amnistías y leyes y “no puede hacerlo el órgano judicial”.
Al ser repreguntado por este medio por la facultad de la Sala de conocer y resolver sobre todo acto jurídico, político o administrativo del Estado, sostiene que “hay un exceso en el ejercicio de la aplicación de justicia”. Pero más allá de la discusión legal, llama a que se encuentre una solución práctica.
Entre esas, considera que todavía se puede plantear una amnistía absoluta, pese a que la Sala cerró de tajo esa puerta en su sentencia 44-2013. “La ley permite perdones absolutos y ellos solo anularon la amnistía de 1993, no el concepto de amnistía absoluta. Jurídicamente se puede dar”, insiste.
Y recalca: “no habíamos estado en una situación tan difícil antes de la sentencia porque despiertan los odios y las venganzas, no hay un afán de perdón”.
Propuesta de Rodolfo Parker
Además de eliminar la amnistía, la Sala llamó en 2016 a la Asamblea Legislativa a decretar una nueva ley de reconciliación que corrija los vicios señalados en la sentencia. Pese a sentencias de seguimiento, el Legislativo aún no ha cumplido.
No fue sino hasta recientemente que el diputado del PDC, Rodolfo Parker, presentó una propuesta de ley de reconciliación que, entre otras cosas, excluye de amnistía a los crímenes de lesa humanidad pero cambia la cárcel por trabajos comunitarios y exime a los responsables de penas civiles como resarcimiento a las víctimas.
Pese a admitir que no ha estudiado a fondo la propuesta de Parker, considera que la sustitución de prisión por medidas es una medida viable de la Asamblea. Además, considera que los casos se van complicando pues “los testigos de hechos de violencia cometidos hace 30 o 40 años van envejeciendo y algunos muriendo de causas naturales”.
Armisticio, no amnistía
“Todos los delitos de guerra y los comunes conexos como secuestros y asesinatos políticos solo se explican en una época en la que todo un país participó de la barbarie”, reflexiona Borgo Bustamante.
Por ello considera que el fin de este ciclo de violencia requiere de medidas que en otra época no tendrían asidero jurídico o legal.
Además, el exvicepresidente de la República aclara que los procesos de amnistía de 1992 y 1993 no responden a la lógica usual del perdón de delitos en una guerra, pues no iban, como es usual, a eximir a un lado de responsabilidades. Según lo afirma el jurista, esto fue más un armisticio “pues estábamos en un proceso de pacificación”.
Además, opta por citar unas palabras dichas por el vicepresidente actual, Óscar Ortiz, quien afirmó que “la amnistía fue un puente que permitió cruzar un río de sangre y lograr la paz”. Eso define, a su juicio, de forma gráfica la amnistía que en lugar de continuar la cadena de condenas establece un proceso de unificación nacional.
Visión parcializada
A veintisiete años del final del conflicto armado, Borgo Bustamante lamenta que esa visión de que la violencia se produjo de ambos bandos se está perdiendo y que ahora se asume que las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad solo los cometieron las fuerzas de seguridad del Estado.
“Cuando llegamos a estudiar ese periodo, los actos violentos fueron cometidos por ambos bandos, pero los que fueron responsabilidad del Estado son más identificables porque hay registros, líneas de mando, etcétera. Cuando uno se refiere a la violencia del bando del FMLN, no hay registros”, sostiene.
Asimismo, critica que en su momento la Comisión de la Verdad no gozó de total legitimidad, pues no pasó por el aval de la Asamblea Legislativa. Además, lamenta que esta entidad internacional tenía una visión parcializada del conflicto y se enfocó principalmente en los abusos del Ejército.
“Esta comisión no había sido autorizada o reconocida por la Asamblea. Venir y poner en una ley que un tercero decidirá los delitos excluidos de una amnistía era decirle ‘meta lo que usted quiera’ a la comisión. Hay una delegación de la función legislativa”, explica el jurista, quien incluso sostiene que la Ley de Reconciliación Nacional de 1992 tiene vicios de inconstitucionalidad por esta razón. “No tenía una entidad por qué delegar en otro funcionario. De acuerdo al artículo 86 de la Constitución, ninguna función se puede delegar, menos en un organismo que no tiene reconocimiento ni es parte del gobierno”.
Para superar esta complicada red de vacíos jurídicos, sentencias y leyes, Borgo Bustamante considera que es tiempo de una solución más simple y duradera: “yo he sugerido en las audiencias de la Asamblea Legislativa que debe haber un borrón y cuenta nueva y una amnistía absoluta. Es que ya es hora de olvidar lo que sucedió hace treinta o cuarenta años”.