El Grupo Promotor hizo un llamado urgente a la Sala de lo Constitucional para que emita sentencia en el proceso de amparo relacionado con el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que fue admitido por la Sala de lo Constitucional en junio de 2017, para que se pueda viabilizar el funcionamiento pleno del IAIP.
El amparo fue presentado por el abogado Boris Rubén Solórzano, quien era candidato a comisionado del IAIP propuesto por el sector empresarial y quien no resultó electo.
El profesional alegó que su elección no se dio debido a una serie de irregularidades y se vulneraron sus derechos constitucionales.
De acuerdo con la Sala, el recurso fue aceptado en vista de que en el argumento de fondo presentado por el demandante se puede determinar que hubo una “presunta vulneración de su derecho a la seguridad jurídica, relacionado con el principio de legalidad, y su derecho a optar a un cargo público”.
En aquel momento el sector privado aseguró que además de buscar desplazar a las asociaciones empresariales, se está poniendo en peligro la verdadera independencia del Instituto de Información, que hasta la fecha ha dado muestras de eso.
La Sala, al admitir el recurso, emitió una medida cautelar suspendiendo el proceso de elección del comisionado propietario y suplente proveniente de este sector.
De esa manera dicho proceso no puede continuar mientras la Sala de lo Constitucional no resuelva.
“La impartición de justicia debe ser oportuna y en este caso han transcurrido más de 21 meses desde que la demanda de amparo constitucional fue admitida, lo que ha imposibilitado la debida integración del IAIP”, señala el Grupo. El IAIP es el ente garante del derecho fundamental de acceso a la información pública y para realizar adecuadamente esta función debe estar integrado por sus cinco miembros propietarios.
El IAIP se encuentra incompleto porque aún no se ha elegido la terna de candidatos por parte de las asociaciones de periodistas, la cual está programada para el próximo 27 de marzo; y debido a que está pendiente esa sentencia del proceso de amparo admitido por la Sala de lo Constitucional en junio de 2017.