Estudio revela que edificio de Asamblea no resistirá más sismos

Un diagnóstico de 2016 del ingeniero estructuralista Hernández Flores determinó que un temblor generará “desplazamientos laterales excesivos”.

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Foto EDH/Archivo

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14 March 2019

Un diagnóstico estructural realizado al edificio de la Asamblea por la firma consultora HH en 2016, a cargo del doctor Héctor David Hernández Flores, ingeniero estructuralista, reveló que las columnas y vigas no tienen la capacidad para soportar la energía que desata un sismo, por lo que se producen “desplazamientos laterales excesivos que dañan la estructura” que sostiene al edificio, así como en paredes y cielos falsos.

“El edificio adolece de algunas deficiencias, principalmente en lo referente a ductilidad, que es la capacidad de la estructura para disipar adecuadamente la energía inducida por un sismo y de rigidez lateral, la cual provoca deslizamientos laterales excesivos y que suelen provocar daños, tanto en la estructura como en los elementos no estructurales (paredes, cielos falsos, etc.)”, detalla parte del informe técnico.

Añade que el desligue de las paredes de los ascensores son los que representan el mayor riesgo para las personas que se movilizan a través de ellos; ya que no fueron reparadas después de los terremotos de 2001.

Asimismo, los movimientos entre un piso y otro superan los valores máximos permitidos por la Norma Técnica de Diseño por Sismo.

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También hay desprendimiento del revestimiento de piedra en las paredes de la fachada oriente y poniente. “Estas piedras sueltas representan un riesgo para las personas que transitan por debajo de esas paredes”, dice el informe.

De hecho, el temblor de 6.4 grados del uno de febrero provocó que algunas rocas de ese revestimiento de la fachada poniente cayeran al piso.

Se observan problemas de corrosión del acero de refuerzo en algunos elementos estructurales, tales como nervios, escalera a nivel de azotea. “Para su reparación se requieren de demoliciones parciales, reparaciones y/o reforzamientos”, explica el estudio técnico.

El análisis fue conocido por la expresidenta de la Asamblea, Lorena Peña, del FMLN, y dado a conocer también a la Junta Directiva de ese entonces.

El informe del ingeniero estructuralista también hace observaciones que el edificio ha sido sobrecargado por modificaciones arquitectónicas, “siendo una de las más importantes el haber colocado piso de cerámica sobre el piso existente y haber utilizado la zona de pasillos como área de oficinas”.

En los últimos seis años el peso que soporta el edificio se incrementó, debido al aumento de personal administrativo, que pasó de 943 empleados que tenía en 2013 a 2,247 trabajadores hasta diciembre de 2018, según revela el Portal de Transparencia de la Asamblea Legislativa.

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“Este incremento en peso incide grandemente en un incremento en el peso del edificio, lo cual a su vez incrementa el peso sísmico, situación que no es favorable para la seguridad estructural del edificio”, según el estudio estructural.

Los severos daños que tienen las instalaciones legislativas no son nuevos. La infraestructura ha soportado tres terremotos, el del 10 de octubre de 1986, a raíz del cual fue declarado con bandera roja, según el informe de diagnóstico que brindó el Comité Coordinador de Evaluación de la Reconstrucción que verificó los daños ocasionados por el terremoto de 7.5 grados en la escala de Richter de 1986 en la infraestructura gubernamental.

Así como los terremotos del 13 de enero y del 13 de febrero de 2001. Una consultoría financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), determinó que se necesitaba construir un nuevo edificio para los diputados y dejar el más antiguo sólo para servicios administrativos.

Fue a raíz de estos análisis de ingeniería que la Asamblea aprobó un préstamo por $32 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica para construir un nuevo edificio legislativo.