La presente semana ha sido una de las más confusas en la historia reciente del Parlamento Británico y de la política del Reino Unido. Esto pues en un lapso de tres días se discutieron al menos cinco iniciativas diferentes sobre cómo lidiar con la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), popularmente llamada Brexit, la cual fue aprobada en un referéndum el 23 de junio de 2016.
En la sesión del jueves 14, se discutieron tres alternativas a la salida del bloque europeo y en resumen se decidió aplazar indefinidamente la medida, mientras en la opinión pública empieza a verse cada vez más lejana la probabilidad de una retirada ordenada. Pero detrás de esta medida hay una maraña de enmiendas, proyectos de ley y negociaciones alrededor del Brexit. Para entenderlas es necesario remontarse brevemente a sus inicios.
Historia del Brexit
Al lograr su reelección como primer ministro, el conservador David Cameron buscó legitimarse proponiendo un referéndum para salir de la UE. En su momento, se pensó que salir de la misma era imposible y que con proponer la moción acallaría las voces que lo proponían y fortalecería su mandato.
Sin embargo, el 23 de julio de 2016, el 51.9% de los ciudadanos de las cuatro naciones que conforman al Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte) optó por salir de la Unión Europea, motivados por las onerosas regulaciones de esta última y por una efectiva campaña de miedo que, al estilo de Donald Trump, vendió a los británicos un peligroso nacionalismo y miedo a la inmigración y el multilateralismo.
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Tras esta aprobación se desencadenó un largo y tedioso procedimiento para invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Este último es el marco legal que da forma a la Unión Europea y dicho artículo explica el procedimiento para retirarse del bloque continental.
Además, Cameron renunció tras el resultado del referéndum y lo sucedió en el poder Theresa May.
El 29 de marzo de 2017, el artículo 50 fue formalmente invocado, lo cual le daba al Reino Unido dos años para formalizar su salida. La siguiente pregunta es cómo se dará esa salida, particularmente en lo que respecta a los convenios comerciales entre los británicos y la UE; los derechos de los ciudadanos europeos en territorio británico y viceversa; y un tema sensible en la historia reciente del país: la frontera entre Irlanda del Norte (parte del Reino Unido) y la República de Irlanda (independiente y estado miembro de la Unión Europea), quienes comparten isla.
Un acuerdo amigable implicaría acceso al mercado común al que gozan los estados miembro, sin absorber las reglas de la unión. Esto, sin embargo, puede desencadenar una ola de varios países que busquen salir de la UE, pues podrían conservar los beneficios sin pagar las altas cuotas, regulaciones costosas y sacrificios de la soberanía nacional. Este es un escenario que las autoridades europeas buscan evitar.
Por otro lado, existe el riesgo de llegar al 29 de marzo del presente año en un impasse y que el Reino Unido deba salir sin un acuerdo. Esto volvería la transición atropellada y afectaría al comercio, la migración y principalmente a los irlandeses. Al ser la República de Irlanda un miembro de la Unión Europea compartiendo frontera terrestre con el Reino Unido, se requeriría una frontera física. Esto podría revivir algunas de las tensiones y la violencia que se vivieron recientemente en estos territorios y romper el Acuerdo del Viernes Santo de 1998 que estableció libre circulación entre los territorios.
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Lastimosamente, el gobierno de Theresa May no solo tiene el reto de negociar con sus contrapartes continentales. También tiene que administrar grandes diferencias políticas internas, una oposición férrea de los Laboristas y su líder Jeremy Corbyn, además de una población crecientemente escéptica de salir del bloque regional.
Qué pasó en el Parlamento
Con esta breve mas no simple introducción, se entenderá mejor lo confuso de esta semana. El gobierno de Theresa May tiene un plan de salida, que incluye un pago del Reino Unido para seguir conservando beneficios comerciales, derechos para los ciudadanos europeos y británicos y prevenir una frontera en Irlanda. Europa ha avalado el plan, pero la oposición considera que esta iniciativa hace demasiadas concesiones a la UE y que viola el espíritu de quiebre que tenía la ciudadanía al votar por salir.
Por ello, el plan no ha logrado ser aprobado en el Parlamento. La última prueba fue el pasado martes 12, cuando fue sometido por segunda vez a votación y fracasó. En vista de esto, el miércoles el legislativo votó por someterse a Brexit sin acuerdo, pero también fracasó este plan. Finalmente, el jueves los parlamentarios sometieron a discusión tres proyectos diferentes: un segundo referéndum, quitarle el control a Theresa May temporalmente y prorrogar la entrada en vigencia del artículo 50.
La idea de un segundo referéndum fracasó estrepitosamente. La enmienda para que sea el Parlamento como unidad y no Theresa May quien encabece las negociaciones también fracasó.
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Finalmente, el Parlamento accedió a una prórroga para empezar el proceso formal. Si esta no se daba, el Reino Unido debía haber empezado su retirada sin un plan dentro de dos semanas.
Sin embargo, quedan dos problemas: esta prórroga tiene que ser ratificada por las autoridades de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, las cuales sesionarán el 21 y 22 de marzo. Asimismo, Europa ha dicho que no avalará un plan que no sea el de May, el cual ya fue derrotado dos veces en el Parlamento Británico. Es decir, el gobierno británico actual tiene poco tiempo para convencer a sus legisladores de oposición a sumarse a un proyecto que ya rechazaron. Sin embargo, esta puede ser la mejor opción.
Finalmente, el prospecto de un segundo referéndum sigue vigente y es probable que el resultado sea quedarse en la Unión Europea. Esto puede ser lo mejor para ambos bandos, pero políticamente devastador para May, pues la hace lucir como una primera ministra que no logró cumplir lo que el pueblo pidió en 2016. En fin, el juego sigue siendo político...