La Asamblea aprobó con 82 votos quitarle el fuero constitucional al magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, acusado de abusar sexualmente de una niña de 10 años de edad, para que sea juzgado penalmente. El funcionario escuchó con mucha atención el dictamen en su contra y su posterior ratificación por parte de los diputados.
En el dictamen emitido por la Comisión Especial de Antejuicio el viernes pasado y leído por el diputado René Portillo Cuadra, de ARENA, quien actuó como secretario de la comisión especial, se determinó que existen elementos suficientes para que el caso del magistrado “sea conocido en sede judicial”, por el delito de “agresión sexual agravada contra una menor de edad”.
Allí se hizo constar que el funcionario pidió que se le concediera por voluntad propia no hacer uso de su fuero, pero los diputados argumentaron que la inmunidad constitucional es inherente al cargo, no a la persona, y ya que el magistrado no renunció a su puesto, sino que pidió permiso laboral después de la acusación de la Fiscalía, el proceso legislativo no se podía detener.
“Se le suspenda en el ejercicio de sus funciones y se le remita a la Cámara Primera de lo Penal de la Sección del Centro...”, dictaminó la Comisión de Antejuicio leído por Portillo Cuadra.
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Con una mochila en sus manos y todo el tiempo acompañado de su abogada defensora, Ana Concepción Urías Lozano, el acusado se presentó ayer al pleno legislativo. Durante todo el tiempo que duró la plenaria escuchó con mucha atención los argumentos en su contra.
En la lectura del requerimiento fiscal y anexos correspondientes leído por la fiscal de la comisión de Antejuicio, Patricia Valdivieso, diputada de ARENA, se hace constar que la niña agredida “se quedó congelada del miedo, asustada”, después de ver supuestamente al magistrado Escalante Díaz, salir corriendo y a su madre consternada por lo ocurrido, tras escuchar el grito de una vecina advertirle de lo que había pasado con la niña.
Las diligencias serán enviadas a la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro y, según información brindada por fuentes internas de la Fiscalía, con el desafuero aprobado por la Asamblea, el Ministerio Público podrá iniciar la investigación respectiva y después de comprobar el delito cometido con los testimonios brindados por la Policía, pedir al Juzgado que ordene su arresto.
Informaron que el tiempo que dure ese proceso dependerá de los recursos en personal con los que cuente la Fiscalía para el caso. Como ejemplo reciente, cuando la Asamblea desaforó al exembajador de El Salvador en Alemania, José Atilio Benítez Parada, y exministro de la Defensa, la petición de aprehensión tardó 4 días.
La defensa del magistrado, Urías Lozano, señaló que el único objetivo de pedir que se le abriera el proceso a causa sin pasar por la fase legislativa era para proteger “el decoro” de la víctima y de los tres hijos y esposa del magistrado acusado, de quienes afirmó “han sido víctimas de persecución por personas y grupos que no podemos determinar a quién corresponde”.
Urías Lozano reiteró que el proceso fue un “exhibicionismo”, sin embargo, la diputada Cristina Cornejo, del FMLN, le subrayó que la Asamblea siguió lo que la Constitución y el Reglamento legislativo dicta.