Los diputados de la comisión especial de antejuicio de la Asamblea acordaron ayer por unanimidad quitarle el fuero al magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil, Eduardo Jaime Escalante Díaz, para que enfrente a la justicia sin inmunidad constitucional y se defienda ante los tribunales correspondientes por el delito de agresión sexual en contra de una niña de 10 años de edad.
“Esta comisión ha determinado que existen elementos de juicio y el cumplimiento de los requisitos legales de la denuncia presentada por la Fiscalía en contra del magistrado Escalante Díaz, suficientes para que el proceso de antejuicio concluya que hay lugar a formación de causa y sea conocida por la justicia ordinaria este caso, teniendo la posibilidad el magistrado Escalante Díaz de defenderse ante los tribunales comunes y de presentar las pruebas que estime convenientes para su defensa”, informó el diputado René Portillo Cuadra, de ARENA, en su calidad de secretario de la comisión de antejuicio.
Tras escuchar la resolución de los diputados, el magistrado Escalante Díaz se retiró de la Asamblea Legislativa cabizbajo y sin hablar mucho con los periodistas. Cuando se le insistió que diera su posición, se limitó a decir: “soy inocente”, y añadió que “tiene reserva (el caso), no puedo decir nada”.
De igual manera, su abogada defensora, Ana Concepción Urías Lozano, evitó dar declaraciones.
Inmediatamente después de conocer el dictamen legislativo, el presidente de la Asamblea, Norman Quijano, de ARENA, convocó por medio de su cuenta de Twitter a una plenaria extraordinaria para el próximo lunes a las seis de la tarde para someter a votación el dictamen favorable de desafuero.
Patricia Valdivieso dice que procede antejuicio contra magistrado Escalante Díaz
La decisión que tomaron los diputados de la comisión de antejuicio tiene que ser aprobada con 43 votos de los diputados en el pleno.
El dictamen preliminar que contiene la decisión fue votado a favor y de manera unánime por los diputados de todos los partidos políticos.
La resolución fue tomada tras escuchar a la diputada de ARENA, Patricia Valdivieso, que como parte fiscal leyó los relatos contemplados en los anexos del requerimiento fiscal, de cómo ocurrieron los hechos el lunes 18 de febrero, según la versión de los testigos que presenciaron la escena y de la propia víctima. Esta información fue recopilada por la Fiscalía General de la República.
Los diputados también oyeron a la defensa del magistrado Escalante Díaz, la abogada Urías Lozano, quien solicitó el “allanamiento” del magistrado, es decir, que la comisión aceptara su petición de renuncia al fuero constitucional para someterse a la justicia sin necesidad de elevar su caso a la aprobación del pleno legislativo.
Urías Lozano alegó que el proceso que estaban llevando a cabo los diputados era con la intención de “exhibir” a su cliente y los diputados darse “publicidad”. Además dijo que estaban contraviniendo lo que dicta la Ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (Lepina) para los casos de abusos en contra de menores de edad.
Se instala comisión especial de antejuicio contra magistrado acusado de agresión sexual contra una niña
Lo anterior fue rechazado tajantemente por la presidenta de la comisión de antejuicio, la diputada del FMLN, Cristina Cornejo.
“En ningún momento se ha revelado la identidad de la víctima, esta comisión ha sido responsable. Hemos guardado las garantías constitucionales y procedido de acuerdo al Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa”, reiteró Cornejo a la abogada defensora.
Los diputados también le denegaron la solicitud de “allanamiento”, bajo el argumento de que el magistrado Escalante Díaz aún mantiene su relación laboral como magistrado de la Cámara Tercero de lo Civil, pese a que la defensa justificó que el funcionario ha pedido permiso de trabajo para someterse al proceso legal en su contra.
“Hemos decidido que el fuero es inherente al cargo, no a la persona, por lo tanto el permiso no concluye la vinculación laboral entre el Estado y el funcionario, en ese sentido, la calidad de funcionario público afecto y sujeto al fuero lo sigue teniendo el magistrado Escalante Díaz aún cuando tenga un permiso para no laborar”, expresó Portillo Cuadra. Agregó que en el dictamen que elaborarán para someterlo al pleno el próximo lunes quedará consignado que el magistrado Escalante Díaz lo solicitó.
“El allanamiento es una figura que le da celeridad al proceso pero no concluye el proceso, en el respectivo dictamen de esta comisión se tomará nota como lo ha solicitado la defensa de que fue solicitado el allanamiento y así se hará constar en el respectivo dictamen”, concluyó Portillo Cuadra.
¿Cómo se dieron los hechos?
La diputada Valdivieso fue delegada por la Asamblea para que actuara como fiscal en la comisión de antejuicio, por lo que se encargó de leer el requerimiento fiscal y sus anexos.
Afirmó que al analizarlos observó que existen los elementos suficientes de prueba para que el magistrado Escalante Díaz tenga que someterse a juicio por el delito de agresión sexual en una menor de edad que le imputa la Fiscalía.
Según el requerimiento de la Fiscalía, en el apartado III sobre la “Relación circunstanciada de los hechos”, el lunes 18 de febrero como a eso de las cinco y media de la tarde, “la niña se encontraba frente a la casa antes mencionada donde reside su tía diciéndole ‘ese hombre te tocó la niña’, quedándose congelada del miedo y asustada”.
La madre de la menor de edad salió apurada de la casa de su tía y al preguntarle a la niña qué había pasado, la menor de edad le contó que “un hombre le había tocado su parte genital, por lo que salió corriendo tras el hombre, quedándose la niña en la casa”.
En la persecución que la madre de la niña dio al sujeto, este tuvo que volver al lugar, ya que según el requerimiento fiscal en la huida se metió a un pasaje de la colonia que no tenía salida “y es ahí que el sujeto se detiene y la madre de la niña observa su rostro” y coincide con el relato de su hija de cómo estaba vestido el hombre agresor.
Tras el suceso, el magistrado Escalante Díaz dejó abandonado un carro Nissan color gris vidrios polarizados, año 2017, propiedad de la Corte Suprema de Justicia.
El acusado asegura que tuvo un percance automovilístico y que por “razones de seguridad personal” dejó abandonado el carro oficial “sin llave y se retiró por sus propios medios”, por lo que pidió apoyo para que fueran a traer el vehículo al lugar donde lo había dejado.