Los representantes del sector productivo exigieron, una vez más, que se determine la ilegalidad de la Denuncia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Taiwán que ejecutó Relaciones Exteriores, (Cancillería) a fin de que se suspenda esa medida.
La demanda la hicieron con argumentos jurídicos, económicos y sociales ante Asamblea Legislativa, en la Comisión Especial que investiga la Denuncia del TLC con Taiwán.
Dentro de los puntos que abordaron estuvo el tiempo de transición de la Denuncia ya que, como lo establece el Artículo 18.05 del TLC, debe ser de 180 días, a menos que las partes (El Salvador y Taiwán) determinen un tiempo menor.
“Y lo que sucedió aquí es que Cancillería ni siquiera lo consultó con Taiwán, menos con los exportadores y simplemente tomó la decisión de denunciarlo y que la transición sería de 90 días (desde el 13 de diciembre al 15 de marzo)”, señaló Reinaldo Vázquez, uno de los firmantes del TLC con Taiwán cuando se negoció y se firmó en 2007.
Rigoberto Monge, de la Oficina de Apoyo al Sector Privado en Negociaciones Comerciales, dijo que según el Artículo 131 de la Constitución de la República, ordinal 7: “Corresponde a la Asamblea Legislativa: Ratificar los tratados o pactos que celebre el Ejecutivo con otros Estados u organismos internacionales, o denegar su ratificación”,
Monge agregó que “el Ejecutivo tuvo que enviar un acuerdo a la Asamblea Legislativa para ratificar el Tratado, así como tuvo que enviar un acuerdo de Denuncia, para que La Asamblea lo analice, la confirme o inclusive tome otra decisión”.
Luego de estas dos primeras intervenciones, el diputado Damián Alegría, del FMLN, en defensa de la decisión del Ejecutivo, dijo que ante las Naciones Unidas (ONU) se reconoce a China Popular y no a Taiwán y que el sector productivo debería atender la oferta de China Popular, que por medio de un comunicado aseguró que están interesados en comprar los productos salvadoreños.
“Hay una decisión de ese país, de comprar los productos salvadoreños y así se cubre la preocupación de los productores; los impuestos los pagaría el importador, la solución está clara, pero no desconozco que detrás de esto hay una intención política”, argumentó el diputado del Frente.
No es simple cambio de cancha
Para los representantes del sector azucarero y los demás exportadores las cosas están claras: el Ejecutivo no ha actuado bajo el debido proceso y se debe determinar la ilegalidad de la denuncia. Y dos, no se debe mezclar en este tema una posible negociación comercial con China Popular, señaló Mario Salaverría, presidente de la Asociación Azucarera de El Salvador (AAES).
“China tiene una salvaguarda de 90 % de arancel en el azúcar y aunque digan que el importador lo pagaría, ¿qué importador comprará un producto con ese impuesto? Es ilógico, apuntó Salaverría.
Por su parte, Oscar Orellana manifestó su preocupación, ya que el tiempo es crucial en esta coyuntura. “El tiempo es nuestro peor enemigo porque según queda sin vigencia el TLC es el 15 de marzo y uno de los soportes de nuestro negocio son las ventas preferenciales (sin arancel) y de un solo plumazo nos quitan el 33 % de esas ventas, por tanto nos veremos afectados directamente”.
Otros afectados también son los productores de miel, artesanías y de noni. Claudia Ávalos, de Mieles Joya de Cerén dijo que China no es opción para su producto, pues ellos son los mayores productores de miel.
“Para nosotros Taiwán representaba oportunidad porque son más de 2,500 apicultores registrados y el consumo salvadoreño es bajo y Taiwán era la entrada al mercado asiático aprovechando el arancel 0”, expuso Ávalos.
Oscar Navas, representante de productos orgánicos dijo que la cancelación de este pacto comercial les genera pérdidas millonarias, ya que ingresar a un mercado no se hace de la noche a la mañana, se necesita inversión.
A la reunión legislativa también asistieron representantes de la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio, y su presidenta, Carmen Aída de Meardi aseveró que esta decisión del Ejecutivo pone en riesgo no solo las negociaciones con Taiwán, sino con todo el mercado internacional, ya que observan que en El Salvador no hay certeza jurídica.
“Qué va a pasar con futuros tratados comerciales, ya que esta situación solo expone inseguridad jurídica y ante esto nuestra petición es que se suspenda este proceso de denuncia, que no ha cumplido la normativa del Tratado y que se mantenga en vigencia de manera indefinida el TLC con China Taiwán”, señaló De Meardi.
Al final, la Comisión acordó llamar a la ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez y al Canciller, Carlos Castaneda, el miércoles 6 de marzo para oír sus argumentos, estudiar todos los insumos, para tomar una decisión, antes que entre en vigencia la Denuncia.