Esta semana se sometió a votación, con el 87% de votantes aprobándola, la nueva Constitución Política de Cuba. Quizá lo más significativo sea que el propósito de “edificar la sociedad comunista”, que aparecía de manera destacada en la Constitución anterior, se ha cambiado en la nueva por “la construcción del socialismo”.
Escribe un analista: “El texto preserva intactos los mecanismos básicos del régimen político de la Isla: el Partido Comunista único, la ideología de Estado marxista-leninista-martiana y, ahora, fidelista; la elección indirecta del Presidente, a partir de una candidatura única propuesta por el Buró Político del partido oficial, el candado del socialismo irrevocable. Pero, a la vez, introduce alteraciones importantes en el funcionamiento de ese régimen y su interacción con la ciudadanía por medio de una serie de cambios institucionales, además de la flexibilización de derechos económicos, jurídicos y civiles”.
A día de hoy, cuando el espíritu emprendedor de los cubanos se ha avivado, y muchos de ellos sobreviven principalmente por “fe” (familiares en el exterior… como jocosamente dicen), la pureza ideológica del comunismo no se sostiene en pie, por lo que los redactores de la nueva Constitución no tuvieron más remedio que cambiar algunos puntos, aunque en el fondo permanezcan inalterados los dogmas.
Hay novedades importantes: las garantías que se reconocen a los ciudadanos se han ampliado y ahora, además de tener derecho a los servicios gratuitos de sanidad y educación, aparece en el documento la posibilidad jurídica de evitar la detención arbitraria y/o indefinida de cualquier persona. O el derecho individual de saber qué información personal se consigna sobre uno en los archivos oficiales y la posibilidad de evitar su difusión. Reformas muy importantes en un régimen en el que las fuerzas de seguridad con frecuencia actúan como si no existieran leyes, o como si la ley funcionara para todos menos para ellos.
Aunque en el nuevo texto se autoriza la posibilidad de que haya propiedad privada, reconoce los mecanismos de mercado y no hace ascos a la inversión extranjera, sesenta años de adoctrinamiento garantizan que parezca justo que el Estado vele para que nadie (ni persona natural, ni persona jurídica) concentre riqueza y que tenga sentido que se afirme que “la empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía nacional”.
La ley de leyes tiene sus “artículos pétreos”: los que -¡cómo no!- tienen que ver con el sistema colectivista de gobierno-economía-organización social. Y por eso reza el documento que “en ningún caso resultan reformables los pronunciamientos sobre la irrevocabilidad del socialismo y el sistema político y social”.
Bien se dice que no hay mal que dure cien años... y a los cubanos no les ha quedado más remedio que cambiar. Aunque muchos, más que interesarse por cuestiones ideológicas o políticas, hayan optado por preocuparse más del día a día que de asuntos políticos. Dice un cubano: “Quienes rebasamos las cuatro décadas hemos vivido tal vez el raro privilegio de ver tanto la etapa de mayor pujanza del proyecto castrista, cuando La Habana jugaba a ser potencia mundial y sostenía a un contingente militar en África y a guerrillas en una Latinoamérica salpicada de tiranías -de signo diferente, se entiende-, como la posterior dilución de ese espíritu revolucionario en un mar de apariencias, en un ‘yo ya no creo en esto, pero no hablo para no marcarme’, y en una debacle económica de la que aún el país no se recupera”.
Para el cubano promedio, la nueva Constitución no es exactamente prioritaria… le preocupa más el pésimo transporte público, el déficit de viviendas y la posibilidad de marcharse de la Isla. Las autoridades lo saben y quizá por eso no les importa abrir una rendija en la puerta de las libertades, pero sin quitar el pie que impide que se abra de par en par.
Ingeniero @carlosmayorare