El pleno de los diputados aprobó anoche la creación de una comisión especial de antejuicio y con ello se dio paso al proceso administrativo que busca el desafuero del magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, acusado de agresiones sexuales contra menor e incapaz agravada.
Escalante Díaz, quien ostenta el cargo de magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador, fue capturado el 19 de febrero en la colonia Altavista, Soyapango, después de que la madre de la niña lo denunciara en la Policía por el supuesto abuso en la menor de 10 años.
Los legisladores de las distintas fracciones legislativas sumaron anoche 78 votos para avalar el dictamen favorable de la comisión de Legislación que encontró suficientes elementos de prueba para abrir el antejuicio.
“Declaro abierto el antejuicio contra el magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz”, externó el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, tras la votación de los legisladores.
El titular del Congreso convocó ayer mismo a sesión plenaria con el único punto en la agenda, para decidir la apertura o no del antejuicio contra el magistrado de la Cámara Tercero de lo Civil de San Salvador.
También con 78 votos los legisladores avalaron la creación de la comisión especial de antejuicio y nombraron a la diputada del FMLN, Cristina Cornejo como presidenta de la misma, al tricolor, René Portillo Cuadra, como secretario y a Eileén Romero, del PCN, como relatora.
Como vocales se nombró a Alejandrina Castro, de ARENA, Karina Sosa, del FMLN, Lorenzo Rivas y Osiris Luna, de GANA, y al pedecista, Jorge Mazariego.
En la misma se nombró y juramentó a la diputada de ARENA, Patricia Valdivieso, como fiscal de dicha comisión especial, es decir que ella ejercerá como acusadora en este caso en contra del funcionario judicial.
En esta comisión, el magistrado tiene la prerrogativa de nombrar a un defensor particular e inclusive, defenderse así mismo.
“Ustedes saben que siempre he sentido un compromiso profundo con la justicia y voy a trabajar con mucho respeto y vamos a llevar esto como deben de ser y como dice la ley. Esto va a ser algo que va a marcar la historia del país. Es un caso difícil, pero lo vamos a sacar adelante”, manifestó la legisladora Patricia Valdivieso, en sus primeras impresiones tras su juramentación como fiscal.
Tras la toma de protesta de los miembros de la comisión especial, el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, convocó a dicha comisión especial para que inicie el antejuicio este día a las 11 de la mañana.
El Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL) establece para el caso de los antejuicios, un periodo de 60 días como máximo para que la comisión especial emita un dictamen favorable o desfavorable al desafuero del funcionario judicial.
Hay prueba indiciaria
El primer paso para el desafuero lo dio ayer la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que por unanimidad dictaminó favorable para abrir el antejuicio que ayer en una sesión plenaria convocada de urgencia, fue ratificado por el pleno de los legisladores.
“Lo que la comisión de Legislación determinó es que se cumplían los requisitos mínimos establecidos en el (artículo) 194 del Código Procesal Penal y que con estos requisitos mínimos el fiscal general tiene suficientes elementos para trasladar a instancia judicial el proceso donde el indiciado podrá hacer su defensa técnica y defensa material”, manifestó el presidente interino de dicha comisión, Ricardo Velásquez Parker.
Según el artículo 294 del Código Procesal Penal, la solicitud del requerimiento fiscal debió contener: Generales del imputado o las señas para identificarlo; relación circunstanciada del hecho con indicación, en la medida de lo posible, del tiempo y medio de ejecución, las normas aplicables, y la calificación jurídica de los hechos; indicación de los anticipos de prueba, actos urgentes de comprobación que requieran autorización judicial y cualquier diligencia necesaria para averiguación de la verdad, entre otros elementos.
La diputada del FMLN, Cristina Cornejo argumentó que avalaron la apertura del antejuicio porque ya pasaron varios días de cometido el presunto delito y Escalante Díaz está en su casa.
“Vamos a tratar de agilizar este proceso lo más pronto posible para poner en manos de la Segunda Cámara de lo Penal este caso y que sea ella la que vaya a resolver sobre la culpabilidad o inocencia del que ahora se le señalan los hechos, es por eso nuestra prisa; insisto 9 días y no hay nada. Él sigue en libertad”, insistió la efemelenista.
¿Seguirá la reserva?
Basado en la Ley Especial de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (Lepina), la comisión de Legislación decretó reserva al proceso de estudio de la acusación de la Fiscalía General de la República, por tratarse la víctima de una menor de edad y evitar su “revictimización”, se argumentó.
Lo más probable es que la comisión especial de antejuicio se apegue a ese criterio a la hora de realizar las audiencias en las que se analizarán las pruebas de cargo y de descargo, con las cuales el acusado podrá defenderse a través del defensor nombrado por la comisión o por su abogado particular si así lo considera necesario.
Al final del proceso, los diputados de la comisión especial de antejuicio deberán dictaminar a favor o en contra del desafuero del magistrado Escalante Díaz.
Si avala el desafuero, entonces la Fiscalía tiene luz verde para presentar la acusación penal contra el funcionario judicial ante la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador.
Debido a que el magistrado posee fuero constitucional, fue puesto a disposición de la Asamblea Legislativa luego de su captura y actualmente permanece en su hogar a la espera del antejuicio en la Asamblea Legislativa.