Este martes por la mañana, los diputados de la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa se reunieron en privado y aprobaron por unanimidad el dictamen favorable para crear la comisión de antejuicio contra el magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, acusado por el delito de agresión sexual a una menor de edad.
Con ello, los diputados declararon abierto el proceso de antejuicio en contra del funcionario.
Según explicó el presidente de la Comisión de Legislación, el diputado Ricardo Velásquez Parker, luego de analizar el requerimiento presentado el viernes por la Fiscalía, encontraron los elementos mínimos para que el magistrado sea procesado penalmente.
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Los diputados ya están elaborando sus propuestas de nombres para ver quiénes integrarán la comisión, la cual debe estar formada por diputados de todas las fracciones legislativas. Luego, se designan los cargos que los diputados van a desempeñar durante el proceso de antejuicio.
“De entre ellos se nomina quién va a ser el fiscal, quién va a ser el defensor; eso abre para el debido proceso etapas procesales, hay periodo de pruebas, hay periodo de alegatos”, detalló días atrás el diputado pedecista Rodolfo Parker.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, convocó para las 6 de la tarde de este martes a sesión plenaria extraordinaria para someter a votación el dictamen y, si es aprobado, crear formalmente la comisión de antejuicio y luego juramentar a sus miembros.
Esta comisión de antejuicio será la encargada de abrir el proceso de aportación de pruebas, y puede decidir si las audiencias se realizan en privado, para proteger la integridad de la víctima.
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El pasado viernes, un grupo de fiscales de Apopa, entre ellos, Marina Martínez, quien es directora de la Unidad de la Mujer, Niñez, Adolescencia, LGTBI y Grupos Vulnerables del ministerio público, presentó la solicitud formal de antejuicio contra Escalante Díaz, quien desempeña actualmente el cargo de magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador.
Escalante Díaz fue capturado el 19 de febrero en la colonia Altavista, Soyapango, después de que la madre de la niña lo denunciara en la Policía por el supuesto abuso en la menor de 10 años.
Debido a que el magistrado posee fuero constitucional, fue puesto a disposición de la Asamblea Legislativa luego de su captura. Quijano dijo en ese entonces que el magistrado permanecería en su hogar pues el edificio legislativo no tiene condiciones para su resguardo.