Tras la propuesta del diputado Rodolfo Parker, del PDC, de crear una nueva “Ley de Reconciliación Nacional”, algunos diputados opinan que no se debe buscar castigo, sino diseñar una ley de restauración de daños a las víctimas del conflicto armado, sin embargo, para el FMLN además de eso, deben existir sanciones para quienes cometieron delitos de lesa humanidad.
Damián Alegría, del FMLN, expuso que están por presentar una iniciativa en la Asamblea que toma en cuenta las propuestas de las propias víctimas de la guerra y de organizaciones que los representan.
La idea, según Alegría, es aplicar sanciones pero no enjuiciar a quienes por su avanzada edad o enfermedades crónicas ya no estén en condiciones de pagar por sus delitos, pero que las víctimas reclaman saber “la verdad”.
“Muchos de los victimarios en su momento hicieron cosas horribles que merecen acciones judiciales, pero ahora son personas que están con enfermedades o están muy ancianos, para los cuales las víctimas han dicho que su ánimo no es de venganza, sino de verdad, que les piden a estas personas que por lo menos compartan la información que conocieron, que si asesinaron a tal o cual persona en aquél momento bajo la idea que estaban trabajando para el Estado y defendiendo al Estado, que digan por lo menos donde están las víctimas”, explicó.
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Agregó que una ley de Amnistía podría contener cárcel o sanciones civiles para quienes puedan responder por sus delitos, o ambas.
Guillermo Gallegos, de GANA; Reynaldo Cardoza y Antonio Almendáriz, del PCN; y Patricia Valdivieso, de ARENA, son de la opinión que más que buscar una ley de Amnistía lo que deben procurar es una reparación total del daño causado a las víctimas de la guerra civil que dejó la exguerrilla y el Ejército.
Los legisladores comparten que no hay que volver a abrir “heridas” del pasado, pero a la vez valoran que las personas que sufrieron la pérdida de sus seres queridos por causa de la guerra, tienen el derecho de conocer qué pasó con ellos y donde podrían estar sus restos mortales.
“Yo nunca estuve de acuerdo con la derogatoria que se hizo por parte de la Sala anterior de la Ley de Amnistía, porque venía a cerrar muchas situaciones del pasado del conflicto armado, sin embargo, reconozco que las víctimas y los familiares de las víctimas tienen todo el derecho a conocer qué pasó con los seres queridos y a una justicia de restauración, en eso creo que podríamos hacer un buen trabajo”, mencionó Gallegos.
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Para Valdivieso, de ARENA, las nuevas generaciones no quieren saber de “heridas del pasado”, y ella en particular prefiere pasar la página. Considera que el sufrimiento que pasaron miles de ciudadanos no debe repetirse avivando “el odio”.
Valdivieso dice que lo vivió en carne propia y recuerda que uno de sus tíos fue de los nueve civiles masacrados en la Zona Rosa el 19 de junio de 1985, lugar en donde también murieron cuatro marines estadounidenses a manos del Partido Revolucionario Salvadoreño (PRTC), según el informe de la Comisión de la Verdad.
“Me acuerdo de esa noche perfectamente como si fuera ayer, pero de verdad considero que voy a exponer a todo el país para generar odio, yo sé el dolor que viví yo y que vivió mi familia, ¿pero quiero que sufran las consecuencias las nuevas generaciones o mi hija? yo no quiero que mi hija sufra lo que yo viví, que especialmente ella no sienta odio contra nadie”, reflexionó.
El jefe de fracción del PCN, Almendáriz valoró que en todos los casos debe seguirse siempre el debido proceso. Cree que la Comisión de la Verdad no la respetó “porque muchos no fueron oídos ni vencidos en juicio, a muchos no se les nombró defensor ni se les dijo el delito que se les imputaba”, acotó.
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Sin embargo, su colega pecenista, Cardoza, manifestó que el país no necesita una nueva ley de Amnistía, sino iniciar un diálogo nacional para conciliar y reparar daños a las víctimas del conflicto armado.
Parker explicó que su moción no es una iniciativa de ley, sino insumos para iniciar la construcción de una nueva normativa que cumpla con la sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordenó a la Asamblea buscar los mecanismos para reparar los daños y retribuir civilmente a las víctimas del conflicto armado, tras la derogatoria de la Ley de Amnistía que había sido aprobada en 1993.