Presidenta del Centro de Estudios Jurídicos dice que audiencias deben ser públicas

Érika Saldaña considera que el caso contra Escalante Díaz es de sumo interés y que el público debe conocer qué pasa con ese funcionario

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Érika Saldaña es abogada y presidenta del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) . Foto EDH / archivo

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23 February 2019

Ante la posibilidad de que las audiencias en la Asamblea Legislativa en contra del magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz sean reservadas, abogados como Érika Saldaña consideran que deben reservarse algunos datos de las víctimas, pero que en general deben ser abiertas al público.

“Yo creo que la Asamblea Legislativa lo que tiene que hacer es ofrecer las garantías de proteger los datos tanto de la menor como de la mamá, pero eso no significa que de entrada tengan que decir que la audiencia va ser reservada o que va a ser privada”, manifestó Saldaña, quien es la presidenta del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ).

El diputado René Portillo Cuadra aseguró que las audiencias en el seno legislativo son públicas, pero que en este caso existe la posibilidad de que se declare algún tipo de reserva porque la víctima es una menor de edad y por el tipo de delito que se le imputa a Escalante Díaz, que es el de agresiones sexuales contra menor incapaz agravada.

“Es de interés ciudadano saber qué pasa con sus funcionarios. Tiene que ser pública y se pueden establecer los mecanismos, como por ejemplo no brindar copias exactas del requerimiento de la Fiscalía, sino una versión pública donde no estén los nombres, donde no esté algún dato que las pueda identificar (a víctimas)”, apuntó la profesional del derecho.

Dentro del seno legislativo los diputados tendrán que integrar una comisión especial de antejuicio y valorar en audiencias las pruebas y alegatos que presenten tanto la parte acusadora como la defensa.

De entre los legisladores se deberá nombrar a un fiscal que es quien debe de llevar adelante la acusación y también al defensor.

En este caso, Escalante Díaz está en la potestad de nombrar abogados particulares que lo representen durante el proceso de antejuicio u optar por defenderse él mismo.

Explica proceso de desafuero

A criterio de Saldaña, aunque el delito que la Fiscalía le imputa al funcionario judicial no es en razón a su labor como magistrado de Cámara, la Constitución de la República otorga fuero al cargo.

“Es la Constitución la que de entrada establece que tiene que ir a la Asamblea Legislativa. Ahora, ahí hay que hacer la acotación de que la Asamblea no puede mantenerle el fuero si existieran los suficientes indicios de que ha cometido el delito”, estimó Saldaña.

Agregó que quien va a juzgar y a decidir si Escalante Díaz es responsable o no de la comisión del delito que le imputa la Fiscalía General de la República, es el tribunal que conozca el caso.