La decisión de quitarle el fuero al magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz ya está en manos de los diputados, quienes podrían tardar aproximadamente un mes para tomar la decisión de que el caso pase a los tribunales comunes o no.
"En todo caso nosotros tenemos la obligación de abrir ese expediente, no es potestativo para la comisión decir mejor no la abramos, no, hay que abrirla, es una obligación de la comisión"
Ahora que la suerte del funcionario judicial, acusado por la Fiscalía del delito de agresión sexual en menor incapaz agravada, está en manos de los legisladores, estos tienen que formar una comisión especial de antejuicio de entre los diputados de todas las fracciones parlamentarias.
Pero para llegar a una decisión final sobre el desafuero o no del funcionario judicial se debe transitar por varias etapas, lo cual les podría tomar alrededor de 4 o 5 semanas, estimaron los abogados y diputados René Portillo Cuadra, de ARENA, y Rodolfo Parker, del PDC.
“Un mes, yo creería que un mes: cuatro reuniones es suficiente y es un término prudencial para que en cuatro lunes cuando sesiona la comisión se pueda hacer la diligencia completa. Lo normal es que en un mes el antejuicio esté resuelto, esté concluido”, manifestó Portillo Cuadra.
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El legislador tricolor aseguró que es la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales la que recibe y analiza el requerimiento presentado el viernes por la Fiscalía y ella misma realiza las audiencias y emite un dictamen al final del proceso.
En cambio el diputado Parker asegura que la comisión de legislación tras evaluar que existe fundamento en la acusación fiscal traslada al pleno legislativo su informe y es el plenario el que nombra una comisión especial de antejuicio que es la que desarrolla las audiencias.
“Va al pleno y se nombra una comisión especial de antejuicio; todos los partidos políticos designan representantes en la comisión especial de antejuicio”, aseguró Parker.
Una vez las bancadas legislativas han lanzado sus propuestas se designan los cargos que los diputados van a desempeñar durante el proceso de antejuicio.
“De entre ellos se nomina quién va a ser el fiscal, quién va a ser el defensor; eso abre para el debido proceso etapas procesales, hay periodo de pruebas, hay periodo de alegatos”, detalló el diputado pedecista.
Tanto Rodolfo Parker como René Portillo Cuadra coincidieron en que el acusado también puede nombrar abogados particulares para que lo defiendan o él mismo se puede defender, si lo estima conveniente.
¿Acceso al Público?
Para todo esto, los legisladores montan las audiencias en el seno de la Asamblea Legislativa. Estas generalmente son públicas, aunque en este caso por tratarse de que la víctima es una menor, los miembros de la comisión especial de antejuicio podrían declarar en reserva algunos pasajes o todas las audiencias.
“Pueda ser que la comisión tome en este caso la decisión de decir: ‘miren no procede que sean públicas las audiencias pues por la misma situación de que es un delito contra la libertad sexual’, o puede decidir lo contrario, de que las audiencias sean públicas, que la prensa y la gente presencie las pruebas que presentan”, explicó Portillo Cuadra.
Sin embargo, abogados como Érika Saldaña, presidenta del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), sostiene que se deben salvar algunos datos de las víctimas, pero que las audiencias deben ser abiertas al público (nota aparte aquí).
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Superadas estas etapas de alegatos y de aportación de pruebas, la comisión debe de analizarlas y emitir un dictamen.
“Al final esa comisión especial de antejuicio dictamina, resuelve mejor dicho, si ha lugar o no ha lugar el juicio”, explicó el diputado Parker.
Portillo Cuadra aseguró que “no es facultad” de la Asamblea Legislativa decidir abrir o no el antejuicio en este caso al magistrado Escalante Díaz, pues debe de realizarlo una vez la Fiscalía se lo ha solicitado.
Efectivamente, el pasado viernes un grupo de fiscales de Apopa, entre ellos, Marina Martínez, quien es directora de la Unidad de la Mujer, Niñez, Adolescencia, LGTBI y Grupos Vulnerables de la Fiscalía, presentó la solicitud formal de antejuicio contra Escalante Díaz, quien desempeña actualmente el cargo de magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador.
Por desempeñar ese cargo, la Constitución de la República le otorga fuero y es por eso que la Asamblea Legislativa decidirá en antejuicio si su caso procede a los tribunales regulares o no.
Si la comisión especial de antejuicio decide quitarle el fuero, entonces baja de nuevo al pleno legislativo y con 43 votos de los diputados a favor del desafuero, el imputado queda en manos de la Fiscalía para proceder penalmente ante los tribunales.
Ahí concluye la labor de la Asamblea Legislativa.
