A raíz de la insistencia del sector azucarero y otros importadores y exportadores, que han salido afectados por la suspensión (denuncia) del Tratado de Libre Comercio con Taiwán, efectuada por el gobierno, la Asamblea Legislativa creó la Comisión Especial para investigar si dicha medida es improcedente o no.
La diputada Marcela Villatoro, del partido ARENA, dijo que lo primordial es definir si el procedimiento que siguió el gobierno para la denuncia es legal o no.
Añadió que para establecer su legalidad se debe investigar y evaluar cada paso apegado a la Ley; en este caso a la Constitución de la República, a la Ley del Tratado de Libre Comercio y a la norma internacional de la Organización Mundial del Comercio.
La diputada dijo que Cancillería debe aclarar y argumentar por qué hizo la denuncia ante China Popular y no ante Taiwán, si la parte adscrita junto con El Salvador y Honduras es ese país insular.
La base para debatir esto es el Art. 18.05 del pacto comercial en cuestión, que establece que el proceso de denuncia se tiene que hacer ante la parte, y en este caso la parte suscriptora es Taiwán, “pero la excusa que el gobierno da es que es una sola China y que toman a Taiwán como parte del territorio chino”, precisó Villatoro.
El otro punto importantes es acerca de por qué no se siguió el proceso de formación de Ley, tal como lo establece el Art. 142 de la Constitución que dice “para interpretar, reformar o derogar las leyes se observarán los mismos trámites que para su formación”.
El punto anterior es crucial para determinar si la decisión tomada por el Ejecutivo fue una “atribución que se ha tomado, y que solo le corresponde al Legislativo”.
Si esto se demuestra la suspensión del acuerdo quedaría sin efecto y, por tanto, no aplicarían los aranceles que, según la denuncia que hizo el gobierno, se aplicarán a partir del 15 de marzo.
La Comisión Especial tendrá su primera reunión el lunes próximo al medio día, en la que deberán definir los días que sesionarán, los actores a quienes van a llamar para conocer sus argumentos y el proceso legal seguido.
A pesar de estos argumentos el ministro de Relaciones Exteriores Carlos Castaneda, recalcó que la competencia de la denuncia del TLC le corresponde solo al Ejecutivo, por medio de Cancillería.
Castaneda argumenta que la denuncia es válida a partir del Art. 32 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, el cual contempla como competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores: “gestionar, negociar, firmar y denunciar tratados, convenciones y acuerdos internacionales”.
Esto lo dijo, este viernes, el canciller en una conferencia de prensa que realizó para anunciar la conformación de una mesa tripartita entre los gobiernos de El Salvador y de China Popular y el sector productivo, que pretende darle seguimiento a los sectores productivos que mantenían relaciones comerciales con Taiwán. La Cancillería hizo un llamado a los productores a sumarse a la mesa que comenzará a trabajar el martes 26 de febrero.
Azucareros señalan falta de seriedad del gobierno
Para el sector azucarero la creación de la mesa tripartita, que anunció el canciller ayer, solo es una forma de desviar la atención del tema principal.
El sector azucarero no está interesado en participar en la mesa tripartita, entre El Salvador, China Popular y el sector productivo, anunciada este viernes por el canciller de la República, mientras no se determine la legalidad o ilegalidad de la denuncia del Tratado de Libre Comercio con Taiwán.
“Esto es para desviar la atención del tema principal, que es determinar la legalidad de la denuncia del TLC con Taiwán”, enfatizó Julio Arroyo, director ejecutivo de la Asociación Azucarera de El Salvador.
El centro de atención del sector azucarero es cumplir sus pactos comerciales con las empresas taiwanesas, y para ello lo que urgen es que la Comisión Especial que creó la Asamblea para investigar la denuncia actúe cuánto antes, y determine la legalidad o ilegalidad de la decisión del gobierno.
“Nosotros no tenemos nada que sentarnos a hablar con China Popular, nosotros tenemos contratos de exportación con empresas taiwanesas”, aseveró el director ejecutivo de la Azucarera.
Respecto al argumento del Canciller, de que la denuncia es válida porque lo asiste el Art. 32 del Órgano Ejecutivo, Javier Argueta, representante legal de los azucareros, dijo que “no puede pasar por encima de la Constitución de la República, ya que en su Art. 142 dice que el procedimiento de creación de leyes será igual que el de su derogación”.
Los productores azucareros presentaron el pasado jueves dos instrumentos legales ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: un amparo y un recurso de inconstitucionalidad para que se suspenda la acción de denuncia del pacto comercial que realizó el gobierno.
Los demandantes esperan que la Sala resuelva lo antes posible.