Un estudio exclusivo desarrollado por INCAE Business School y difundido por CNN en Español, titulado “Corrupción en América Latina y sus soluciones potenciales”, resume la magnitud de las prácticas de corrupción y su efecto negativo en el desarrollo económico y social en los países que no logran frenarlo.
El estudio indica que entre 2012 y 2017, 13 de los 21 países de la región, empeoraron su calificación en el índice de corrupción.
“La corrupción crea pobreza”, explicó Niels Ketelhöhn, uno de los autores del estudio. “Ningún país corrupto es rico, y ningún país rico es corrupto”.
De acuerdo con el INCAE, el costo económico de la corrupción se estima cercano al 5 % del PIB mundial, lo que equivaldría en América Latina a $278,000 millones.
Según el estudio, la corrupción disminuye la efectividad del estado, sesga la inversión pública, reduce la eficiencia de los servicios públicos, y aumenta los costos de transacción. Además, ahuyenta a la inversión privada (nacional y extranjera) y distorsiona los esfuerzos del talento empresarial.
Los autores del estudio señalan que la solución al problema debe ser multidimensional. “A nivel individual debemos promover los valores y normas de conducta desde los niveles educativos iniciales. A nivel de las empresas y organizaciones se deben establecer programas anticorrupción que incluyan políticas claras, mecanismos de control, incentivos correctos, y un ambiente que promueva la denuncia de la corrupción. Y, finalmente, a nivel institucional, se deben definir marcos jurídicos adecuados con mecanismos de implementación efectivos”, expresa Octavio Martínez, director del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS) y coautor del estudio.
Financiamiento político
Con más detalle, el estudio afirma que el financiamiento ilícito de las campañas electorales es parte del origen de la corrupción a muy alto nivel.
Señala que este tipo de financiamiento puede generar compromisos económicos significativos en cualquier país donde “el nuevo partido de gobierno” tratará de cumplir mediante concesiones para sus benefactores privados que no sólo son indebidas, sino que también pueden “secuestrar” la agenda estratégica para el desarrollo de una nación.
“Es por consiguiente imperativo regular y fiscalizar la financiación de los partidos políticos en los procesos electorales”, detalla el trabajo del INCAE. Estas conclusiones coinciden con lo detallado en el Informe de Coyuntura Legal de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), en el que consideran que se debe trabajar aún más en el tema de transparencia del financiamiento de los partidos políticos.
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Para el caso específico de El Salvador, Fusades ha recomendado mejorar la fiscalización del financiamiento político y la equidad de los comicios con medidas como la creación y aplicación de mecanismos de control independiente y efectivos; revisión de los montos de las multas por infracciones cometidas; estudio de la imposición de sanciones administrativas relacionadas con la nulidad de la elección del funcionario; creación de la figura del administrador electoral o responsable de campaña.
En el país, los partidos están obligados a entregar información de sus finanzas, sin embargo ahora que los partidos han entregado información, el siguiente desafío es su verificación, ha afirmado Fusades.
De acuerdo con el investigador Jaime García, director de proyectos del Índice de Progreso Social para la región, las campañas políticas deben transparentarse sobre todo en una región con presencia de actividades ilícitas como el narcotráfico.