Cuando se habla del rol de la prensa en una sociedad democrática suele ser escenario común hablar del papel fiscalizador al poder, del fomento de la transparencia, la rendición de cuentas y en servir al bien común, a la ciudadanía.
En una sociedad democrática, los gobiernos no impulsan mecanismos directos e indirectos para afectar la libertad de expresión, como un derecho de doble vía para los ciudadanos: buscar y recibir información sin ningún tipo de frontera de un lado; del otro, divulgarla de igual forma.
La amplitud de aquel criterio sobre el papel de la prensa ha sido distorsionada desde hace algunos años y en muchos países, por el fenómeno del infoentretenimiento, que es la proliferación de mensajes mediáticos y formatos que mezclan información con elementos del entretenimiento. Pasado el evento electoral del 3 de febrero, es necesario reflexionar en que el predominio de contenidos informativos basados en conflictos, polémicas y escándalos trivializan la política, de modo que los temas de interés nacional sobre los cuales son necesarias decisiones firmes pasan a segundo o tercer plano y se le resta brillo a lo que pudiera ser un ejercicio democrático.
Eso ocurre no solo en tiempos electorales, pero cuando la campaña se basa en el infoentretenimiento, sus resultados son evidentes: los votantes no aprenden sobre lo que está en juego en la elección, aumenta la desconfianza y reduce la cantidad de votantes; lo que muchos aseguran no da legitimidad al ganador.
A esa distorsión se le suma la proliferación de sitios que pretenden ser informativos, pero son lo contrario, que cuentan con la capacidad de hacer virales contenidos inexactos, distorsionados, manipulados y tendenciosos. Serio problema, porque tales sitios son colocados al mismo nivel de los medios que intentan brindar información basada en criterios periodísticos. Se ha llegado a un punto en que hay demasiada información que es prácticamente imposible de filtrar.
En sociedades de alta conflictividad como la de El Salvador este es un asunto que debe ser dimensionado en forma correcta. En plena campaña, personeros cercanos a un candidato no dudaron en calificar en sus cuentas de redes sociales como “enemigo público número 1” a los entrevistadores de un programa radiofónico al que el político no asistió. Fue el banderillazo de salida para que muchos replicaran el mensaje.
Prácticas como esa deberían ser casos aislados, producto de la tensión electoral y no señales de posibles acciones hacia el futuro. Ocurre en México. Los periodistas que cubren la casa presidencial son constantemente insultados e intimidados en los comentarios habilitados en el canal de YouTube del gobierno de ese país.
Luego, los ataques e insultos se trasladan a sus propias cuentas de sociales independiente si la pregunta cuestionó con fundamento al presidente Andrés Manuel López Obrador, si la pregunta fue suave, o sin profundidad periodística. Es una actitud de odio, que si bien no es promovida por el gobierno, tampoco es contenida por este.
Otro nivel ya inaceptable es el que se vive en Nicaragua, donde la censura y ataque frontal a medios no alineados al gobierno es implacable. En palabras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno de Daniel Ortega aplica una ofensiva para censurar y cerrar medios de comunicación, detener y encarcelar periodistas; decenas han debido exiliarse por temor a amenazas de grupos controlados por el Estado.
Acciones como esta y las omisiones en México van más allá de la exigencia válida de una prensa seria que haga su trabajo con responsabilidad. Es la intolerancia a la rendición de cuentas y la imposición de esquemas de prensa a la medida, totalmente contrarios a principios democráticos.
Periodista