PUESIESQUE… el domingo recién pasado (3 de febrero/2019) se llevaron a cabo elecciones presidenciales que determinaron, en primera vuelta, al próximo Presidente de la República. Al respecto, es innegable que el citado proceso electoral y su resultado es política y jurídicamente legítimo y legal: se trata de un ejercicio de democracia. Así que, como obligan las reglas de cortesía: felicitaciones a los ganadores.
A algunos connacionales podrá no gustar el resultado, pero no debemos olvidar que, retomando en esencia las palabras que con excepcional brillantez expresó Churchill en 1947, la democracia es la peor forma de gobierno, excepto todas las demás formas que se han inventado o probado.
Bien es cierto que la desilusión de los ciudadanos con los gobiernos que han dirigido el Estado salvadoreño en los últimos veinticinco años es tal, que ha erosionado la confianza en la democracia (en el último informe de Latinobarómetro, de 2018, apenas el 11 % de los salvadoreños expresa satisfacción con la democracia), lo que se refleja de modo evidente en la crisis de los partidos políticos (acudiendo de nuevo al Latinobarómetro de 2018, únicamente el ¡6 %! de los salvadoreños expresó confianza en los partidos políticos), y en una cada vez mayor abstención electoral (el pasado domingo, ni siquiera el cincuenta por ciento del padrón electoral acudió a votar, retornando a porcentajes de hace dos décadas), pero es vital no perder de vista que la democracia es, definitivamente, una —no la única— de las herramientas esenciales para la salvaguarda de la dignidad y de la libertad de las personas.
Ahora bien, como señala la Constitución, en El Salvador, el gobierno es “republicano, democrático y representativo”, así que debemos tener presente que un triunfo electoral no significa ni supone, en ninguna forma, ni una carta en blanco y menos una patente de corso para el presidente electo y el equipo que lo acompañará.
Por ello es importante resaltar que, a pesar de la legitimidad de origen que supone un triunfo electoral, tocará al próximo presidente conquistar la legitimidad de ejercicio, la que únicamente se logrará si las actuaciones se rigen, en función del bienestar de la población (y, sobre todo, de los más débiles), por la honestidad, la ética y la observancia de la Constitución y de las leyes.
En efecto, si bien antiguamente se confundió la idea de democracia con la ideología del predominio ilimitado de la opinión mayoritaria (así sea la que acudió a votar), la conjunción moderna de las nociones de democracia y de república nos impone entender que un gobierno democrático debe ser, por concepto y principio, un gobierno limitado; pues retomando la famosa frase de Adams, la república es un gobierno de leyes y no de hombres.
En ese contexto, será esencial el papel que la sociedad civil y las instituciones estatales jueguen y, de modo relevante, aquellas entidades estatales responsables de la limitación y control del poder y, en última instancia, el control constitucional que ejerza la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (la que, por cierto, tiene ya casi tres meses de estar plenamente integrada… y ha estado más bien calladita, a pesar de los múltiples casos de trascendencia nacional que está pendiente de resolver).
Así que la lucha ciudadana por la realización de la Constitución, NOSEACABUCHE.
P.D.: después de la larguísima, soporífera y corriente —a ratos, vulgar— campaña electoral, recordé una vieja canción para añadir a la playlist, una que Julio Iglesias escribió joven, pues para la inmensa mayoría de los salvadoreños, presidentes vienen y presidentes van, pero la vida sigue igual.
Abogado constitucionalista