El Plan El Salvador Seguro (PESS), elaborado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana con la ayuda técnica del PNUD, es un documento que propone un abordaje integral al tema de la violencia y que combina de manera justa las acciones de prevención de la violencia con las de persecución del delito. El plan apunta a resolver las causas que mueven a los jóvenes a adoptar conductas violentas sin dejar de lado las acciones efectivas para identificar, detener, juzgar y rehabilitar a quienes han cometido delitos. El PESS ha sido muy elogiado, tanto dentro como fuera del país, y no ha habido una persona sensata que lo haya cuestionado.
A pesar de ello, existen personas y partidos políticos que lo catalogan como ineficiente e inútil y no han faltado quienes consideran que la prevención de la violencia es algo que se debe dejar de lado. Normalmente, se trata de personas que no comprenden la importancia de ir a las raíces del problema y que creen que en cortar las ramas se encuentra la solución. Pero simplezas aparte, en realidad ¿ha fracasado la prevención de la violencia en nuestro país? Para responder a esa pregunta es necesario formular antes otra que es de fondo: ¿se han ejecutado acciones consistentes de prevención de la violencia en nuestro país? Vamos a los hechos. El PESS es un plan que se centra en 50 municipios que fueron priorizados en base a los índices de desigualdad y la incidencia de homicidios en cada uno de ellos. Para realizar una acción preventiva eficiente en los cinco ejes del plan se propuso un presupuesto de 2,100 millones de dólares para un plazo de cinco años. Una medida para financiar el plan fue la creación de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC), la cual colectó entre 2016 y 2018 un total de 207 millones. Una cantidad inferior al diez por ciento de lo recomendado por el plan. Pero eso no es todo, de ese total, 151 millones se usaron para el pago de bonos de policías y soldados. Una pequeña parte de ese dinero se invirtió en borrado de grafitis, donaciones de implementos deportivos y mejoras de espacios deportivos, es decir, en acciones dispersas que no desmontan las causas de la violencia. Pero, por si fuera poco, en la Asamblea Legislativa existe un forcejeo para reducir cada vez más las inversiones en prevención de la violencia para trasladarlas al Ejército y la Policía. La suma de esos factores da como resultado que al presupuesto de prevención recomendado por el PESS solo se le ha asignado menos del 3 %. Sobre ello se puede afirmar que no ha existido una implementación consistente de acciones de prevención de la violencia como para emitir juicios razonables sobre si ella funciona o no.
Pero, a pesar de la miserable inversión de la Asamblea Legislativa en prevención de la violencia, los hechos indican que la misma sí da resultado. La primera fase en los primeros diez municipios priorizados ha logrado una reducción del 31.9 % de las muertes violentas. La segunda fase el 27.1 % y el tercera el 23.1 %. Todo ello contra el 19.7 % de reducción de los municipios donde el PESS no ha sido implementado. Como se puede observar, a mayor tiempo de implementación del PESS mejores resultados.
El camino de la prevención de la violencia es lo único que aún no se ha probado en el país. Quiera Dios que el nuevo presidente lo asuma de manera razonable y creativa y pueda gozar del respaldo legislativo para dar pasos coherentes de solución a nuestra epidemia de violencia. Que así sea.
Pastor General de la
Misión Cristiana Elim