Tristemente nuestro país esta inicia 2019 con acontecimientos negativos en seguridad pública. El pasado lunes 14 de enero fue un día sangriento en el territorio nacional. Solamente ese día cerró con 26 muertes violentas, entre ellas las dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
En esta escalada de violencia tres agentes policiales fueron asesinados el viernes 18 de enero, uno cuando estaba de licencia y dos mientras se conducían en una patrulla policial. En total, 8 policías y un empleado administrativo han sido asesinados en lo que va de 2019. También un soldado y el hermano de dos policías fueron asesinados en el oriente del país el fin pasado de semana.
El ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, denunció que es una “campaña” de las pandillas, principalmente de la Mara Salvatrucha (MS13), para influir en los planes de las autoridades que asuman el Ejecutivo en junio próximo. Ramírez Landaverde destacó que dichas estructuras buscan que “se les regresen los beneficios penitenciarios que antes tuvieron” y que la “fuerza pública baje la guardia, que, reduzca la persecución y el combate frontal hacia ellos”.
Debemos preguntarnos: ¿Cómo es posible que estas estructuras criminales se les facilite atentar contra policías? La respuesta reside en que el control territorial que poseen en muchas zonas de nuestro país, les permite edificar un andamiaje logístico donde la prevención de atentados contra policías es prácticamente nula. A estos territorios dominados por estos criminales se les conoce en seguridad ciudadana como “Estados Vacíos”, donde el Estado como tal ha perdido legitimidad, al no poder garantizar la seguridad pública a sus habitantes, establecida constitucionalmente.
Las maras y pandillas poseen características específicas de insurgencias criminales cuya finalidad es ganar control autónomo económico sobre los territorios y el delito de la extorsión les ha permitido forjar una economía criminal global, para construir un músculo económico y luego incidir políticamente. Las maras y pandillas se han sistematizado y convertido en organizaciones criminales transnacionales y están amenazando las instituciones estatales de los países donde se han enquistado, por tal razón nuestro país debe reaccionar rápida y eficazmente para que estas estructuras criminales no logren su cometido. Si el Estado no recupera las zonas subyugadas por estas estructuras criminales, la inseguridad se desbordará aún más y viviremos lo de México; una implosión de una “insurgencia criminal” enclavada en una guerra civil, secuestros, asesinatos, decapitaciones, y tiroteos son de lo más trivial. Desde 2006 más de 16,000 asesinatos han sido atribuidos a la guerra contra las drogas.
Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Baja California, Michoacán, Sonora, Durango, Nuevo León y Tamaulipas son los estados más afectados. En Chihuahua, la violencia sigue aumentando a pesar de la presencia de 7,500 militares y 1,000 policías federales. Esto evidencia que el problema de las maras y pandillas es a nivel regional.
En Centro América estos grupos buscan de dominar el espacio global criminal, aprovechándose de la fragilidad de las instituciones de los Estados. La tercera generación de pandillas como la Mara Salvatrucha (MS-13) y las pandillas urbanas de drogas de Brasil que han trascendido operando en territorio focalizado con un enfoque simple de mercado para desafiar a las estructuras políticas gubernamentales. Más de 5,000 personas fueron asesinadas en Río de Janeiro el año pasado, en una batalla entre pandillas narcotraficantes rivales y milicias.
El estado de pandillas paralelas de Río coexisten con el gobierno legítimo. Por ejemplo, el Tercer Comando Puro gobierna la favela de Parque Royal, desplegando sus propios cuadros de los organizadores de la comunidad para mediar en conflicto. Estos ejemplos se reproducirán en nuestro país si las autoridades no recuperan los territorios y desmantelan de raíz a estos grupos criminales. Los “Estados Vacíos” seguirán aumentando y fortaleciéndose exponencialmente.
Politólogo y Consultor
en Seguridad
@LuisSaxum