Un grupo de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) se sublevó este lunes contra Nicolás Maduro y pidió a los venezolanos, en videos que divulgaron en las redes sociales, no reconocerlo como gobernante y salir a las calles en respaldo de la insurrección.
El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando sustrajeron armas de guerra, secuestraron a otros 4 agentes y luego se dirigieron a un comando de la GNB en la barriada caraqueña de Cotiza, donde encontraron resistencia por parte de otros agentes, según un comunicado de prensa de la Fuerza Armada.
Tras la rebelión, el jefe de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, informó horas después que fueron detenidos 27 de los implicados en el alzamiento militar.
“Fueron detenidos en el sitio 25 (alzados), más dos que fueron detenidos en otro lugar”, dijo Cabello en una rueda de prensa en la que actuó como vocero del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y no descartó que el número de capturados aumentara.
Cabello aseguró que la sublevación no fue respaldada en los cuarteles del país, donde no ocurrió “ninguna réplica ni nada que se le parezca”.
Las autoridades chavistas afirmaron que se incautaron de las armas que habían sido robadas así como de los teléfonos móviles de los rebeldes, donde hay registro de llamadas hechas antes y durante el alzamiento, según relató Cabello.
Dijo también que el grupo se alzó porque “seguramente les deben haber ofrecido cualquier cantidad de cosas” para que desconocieran a Maduro.
El operativo para la rendición fue dirigido por el propio Maduro, según dijo Cabello, quien afirmó que los sublevados dieron su palabra de no atacar a quienes intentaban reducirlos y que ambos grupos “se sentaron a hablar”.
El hecho sucedió después de que el Parlamento, que controla la oposición, aprobara un decreto de ley que promete amnistía para todos los funcionarios civiles y militares que desconozcan a Maduro y contribuyan a restablecer el hilo democrático.
Contraatacan al Parlamento
Horas después del alzamiento de los militares, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela dictó ayer una amplia medida contra el Parlamento con la que persigue anular cualquier poder de acción de los diputados en contra de Maduro.
La Sala ratificó “la inconstitucionalidad por omisión del Poder Legislativo nacional” y advirtió de acciones penales, civiles y administrativas contra su directiva, a la que acusan de “ejercicio írrito del poder público”.
Los magistrados aseguran que asumieron esta postura para proteger la Constitución y en vista de la “omisión constitucional reiterada” en que ha incurrido el Legislativo, un órgano que fue declarado en “desacato” por el Supremo, pocas semanas después de que el oficialismo perdiera la mayoría de escaños.
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El Poder Judicial no reconoce como legítima la presidencia del opositor Juan Guaidó en el Parlamento y adelantó que ejercer esta posición “acarrea responsabilidad individual” para el diputado “con motivo de la violación del texto constitucional”.