Como parte del informe de la operatividad que tiene la Ley de Escuchas Telefónicas que brindó ayer el Fiscal Raúl Melara, se discutió la posibilidad de hacer reformas a dicha normativa, informó el jefe de fracción del PCN, Antonio Almendáriz.
La modificación que se analizará es ampliar el plazo de seis meses que actualmente tiene la ley para presentar una grabación de escuchas telefónicas como prueba en un proceso judicial.
“El proceso judicial muchas veces dura dos años y si la prueba solo puede estar un año y a los seis meses después de no ser usada tiene que destruirse de oficio, no acompañaría el proceso debido”, explicó Almendáriz.
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Agregó que por hoy la ley autoriza a los jueces prorrogar hasta tres veces y por un periodo de tres meses la utilización de la escucha telefónica como prueba de un delito, pero se da el caso que a veces los plazos de juzgamiento duran más de dos años.
“Para darle cumplimiento a la ley, en la reunión que hemos tenido (con los diputados) lo que hemos dado es el informe sobre el uso de la Ley de Escuchas a las Telecomunicaciones, es un informe anual que se le brinda a la comisión, sobre el uso de la herramienta y estamos trabajando en un pliego de reformas para ser presentada”, manifestó Melara.