Durante la campaña presidencial se ha retomado el debate sobre la creación en El Salvador de una comisión internacional en contra de la impunidad similar a la instalada en la primera década del 2000 en Guatemala (CICIG). En su momento se evaluó la viabilidad jurídica y la voluntad política que requeriría el montaje de una organización con las características de la implantada en el país vecino. En conclusión, se señaló que la Constitución no permite la instauración de un organismo paralelo a la Fiscalía General de la República y que el liderazgo de esta última sería vital para el buen funcionamiento de esa comisión.
La CICIG no fue consecuencia de la contienda electoral del momento. Se trató de una medida desesperada ante la incapacidad de las autoridades locales para desarticular los aparatos clandestinos y de crimen organizado incrustados en el Estado que ahora mutaron a redes político–económicas ilícitas. Frente a un Ministerio Público diseñado para no funcionar era necesaria la presencia de una entidad que vigilara el respeto de la legalidad. Para su formalización los guatemaltecos debieron adaptar varios aspectos del acuerdo con Naciones Unidas porque la Corte de Constitucionalidad indicó que “violaban la delegación constitucional exclusiva de poder asignada a la Fiscalía General”.
El trabajo de la CICIG ha dependido en gran medida del liderazgo del comisionado que la dirige. También ha sido fundamental la independencia de actuación de la persona que ha ocupado el cargo de Fiscal General. El procesamiento en los últimos cuatro años del expresidente Otto Pérez Molina y de su vicepresidenta, Roxana Baldetti, así como de funcionarios, empleados públicos y empresarios, entre otros, sirve de parámetro tanto a sus detractores como a quienes la apoyan para medir el éxito o fracaso de dicha iniciativa. Para un segmento importante de los ciudadanos la CICIG ha contribuido al desarme de estructuras criminales que malversaron millones de dólares aprovechándose de sus cargos en diferentes instituciones. Los opositores advierten un uso político de la comisión. Acusan al comisionado Iván Velásquez y a la ex fiscal general, Thelma Aldana, de elegir selectivamente los casos y, en general, que la CICIG vulnera la soberanía nacional.
No obstante la polémica y la polarización alrededor del tema, el balance a la fecha refleja un saldo a favor de la comisión. La realidad guatemalteca, diferente a la de algunos de sus pares centroamericanos, particularmente a la de El Salvador y Costa Rica, obligó a los gobernantes de turno a pedir el establecimiento de la comisión. Sin la CICIG habría sido muy difícil, sino imposible, luchar contra la corrupción. La postura del actual presidente, Jimmy Morales, haciendo todo lo necesario por expulsar a los investigadores de la Comisión y por finalizar, unilateral y anticipadamente, el convenio que dio origen a aquella, deja en entredicho al mandatario y genera la sospecha de un temor insuperable de su parte y de quienes no han cuidado y por el contrario han abusado del erario público.
El presidente Morales y algunas de las gremiales empresariales que se sumaron a las protestas de los que consideran a la CICIG como “intervencionista” debieron exigir, más que la expulsión de la Comisión, una auditoría exhaustiva del trabajo de los investigadores por una entidad independiente, con el propósito de verificar que se está cumpliendo con el debido proceso y que la Fiscalía y la Comisión no están arbitraria y abusivamente haciendo uso de los recursos legales a su disposición para afectar a supuestos adversarios políticos.
El contexto guatemalteco, sin instituciones democráticas, con un sistema de partidos totalmente disfuncional, con una muy débil cultura de legalidad y escaso cumplimiento del Estado de Derecho, además de la presencia del crimen organizado en prácticamente todas las esferas públicas, arrinconó al gobierno de turno y lo obligó a recurrir a una estricta supervisión internacional.
Con excepción de Costa Rica, por la ventaja en la profesionalización del sector público, ninguno de los países del Istmo puede jactarse de una consolidación plena del sistema político y anticorrupción. Sin embargo, en el caso particular de El Salvador, el exfiscal Douglas Meléndez demostró que sí es posible investigar el delito sin sesgos ideológicos y de manera técnica y condenar a quienes infringen el orden jurídico. El próximo paso es probar que las instituciones pueden operar independientemente de su titular sin restar mérito a la idoneidad de los funcionarios de turno. Para cumplir esa finalidad más que una CICIG y discursos políticos se necesita la clara intención de promover la autonomía de las instancias de control y un sólido compromiso con la transparencia desde los tres Órganos del Estado.
Doctor en Derecho y politólogo