Desde 2015, El Salvador ha buscado a través de distintos mecanismos encontrar un punto de inflexión mediante el diálogo o lo que se dio en llamar desde hace dos años, un nuevo pacto para lograr “Acuerdos de Paz de Segunda Generación”, lo que también llevó a que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, emitiera un fallo para que la Asamblea apruebe una Ley de Reconciliación Nacional.
El 13 de julio de 2016, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley General de Amnistía aprobada el 20 de marzo de 1993. La Sala argumentó que cubrir delitos de lesa humanidad es contrario al derecho de acceso a la justicia. En la sentencia cobró vigencia la Ley de Reconciliación Nacional de 1992.
Por lo que desde hace dos años, los diputados tienen la responsabilidad de elaborar dicha normativa, sin embargo, ante el atraso del Órgano Legislativo, en julio de 2018, la Sala de lo Constitucional dio por incumplida la sentencia y advirtió que la Asamblea no ha promulgado una nueva ley de Reconciliación Nacional y de asistencia a víctimas que tenga en cuenta sus derechos y la memoria histórica.
Ante el recordatorio judicial, la Asamblea Legislativa creó una comisión ad hoc que se encuentra estudiando el diseño de la nueva ley, la cual podría estar completada en julio del presente año, informó ayer el diputado Rodolfo Parker, del PDC, quien fue parte del equipo negociador de los Acuerdos de Paz del 16 de enero de 1992.
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En su notificación, la Sala obliga a la Asamblea a emitir esa ley a más tardar el 13 de julio de 2019, como fecha impostergable, y le dice que deberá consultar a las víctimas del conflicto armado, asociaciones que las representan y a otros sectores de la sociedad interesados.
La Comisión está integrada por Parker; la dirigente Nidia Díaz, del FMLN; en representación de la exguerrilla y firmante de la paz; el diputado Mauricio Vargas, de ARENA, también firmante de los Acuerdos de Paz; el diputado y coronel Antonio Almendáriz, del PCN, en representación del Ejército durante el conflicto armado; y por GANA, el diputado Juan Carlos Mendoza.
En el discurso dado ayer por el presidente Salvador Sánchez Cerén, también hubo palabras para referirse a la necesidad de realizar “Acuerdos de Segunda Generación”.
“Los retos de hoy son distintos a los de hace 27 años, por ello son imprescindibles nuevos acuerdos, basados en la realidad que vivimos y orientados a afrontar los desafíos actuales y futuros”, manifestó.
Añadió que con ese objetivo siguen impulsando junto a la Organización de las Naciones Unidas un esfuerzo político en el que participan todos los partidos a través de “mesas temáticas en las áreas de educación para la productividad, la tolerancia y la ciudadanía; salud pública digna, integral y universal; crecimiento económico, desarrollo social y finanzas públicas; fortalecimiento del sistema democrático y seguridad pública para la convivencia ciudadana”.
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Díaz informó que a ese esfuerzo se ha unido una nueva delegada de Las Naciones Unidas, de origen guatemalteco, a quien solo pudo identificar por su nombre: Helen.
En 2017, la ONU había designado a Benito Andión para lograr en el país un diálogo que llevara a concretar esos segundos acuerdos de Nación, pero “no se pudo iniciar” porque un partido político se negó a hacerlo, informó en agosto de 2017, el exembajador Rubén Zamora.
Díaz explicó que después de Andión, la ONU asignó para la facilitación del Diálogo Político a Fernando Aramayo. Según información de Casa Presidencial fue presentado al gobierno en marzo de 2018.
Medardo González, Secretario del FMLN, sostuvo que hay avances pero que debido a la etapa electoral “las cosas se ponen un poco más calientes” y habrá que esperar.