La fórmula para que se den las condiciones de lucha contra la corrupción está relacionada con la voluntad política, afirma la ex fiscal de Guatemala Thelma Aldana, quien además considera que en el combate de dicho delito, la mirada debe enfocarse en los partidos políticos.
“Hacia los diputados que han generado ese sistema de corrupción y de impunidad, porque ellos manejan todo desde el congreso de la república, manejan el presupuesto del poder Judicial, del Ministerio Público, los nombramientos, están en todo”, agrega la profesional.
Según Aldana, entidades como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) no suplantan el trabajo de otras instituciones que tienen que ver con la investigación y la persecución del delito, como la Fiscalía o la Policía.
“Al contrario fortalece las entidades y es un mecanismo exitoso, en Guatemala es un mecanismo exitoso y los detractores que hablan de temas de soberanía, me parece que lo que tratan es de desorientar a la opinión pública”, destacó.
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Afirmó que muchos políticos han diseñado un esquema de corrupción e impunidad, y que la ciudadanía debe estar atenta a que rindan cuentas y que atiendan las necesidades del pueblo, que luchen contra la pobreza y dejen de excusarse.
Observa avances importantes en el trabajo de la Fiscalía en El Salvador, sin embargo considera que el tiempo de función de tres años del fiscal es muy poco para luchar contra la criminalidad.
Para la funcionaria el periodo del fiscal debería durar por lo menos seis años para contar con mayor tiempo para las investigaciones.
Según un estudio de Icefi la corrupción le costó en el 2015 a Guatemala $300 millones, que podrían haber servido para que 1.2 millones de niños menores de cinco años recibieran uniforme a tiempo y más de 2 millones dejaron de vacunarse, ejemplificó.
Para Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, es importante que se den acciones que permitan combatir la corrupción, como el Acuerdo de País contra la corrupción, que engloba una serie de universidades, organizaciones de la sociedad civil y tanques de pensamiento.
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Escobar además secunda la propuesta de Aldana de ampliar el periodo del Fiscal General de la República.
“No coincide el periodo de tres años, con lo que le corresponde a un presidente de la república, creemos que debe valorarse la reforma del periodo que un fiscal debe continuar frente al cargo. También el tema presupuestario, recordemos que la Fiscalía General de la República, su presupuesto a diferencia del de la Corte Suprema de Justicia no está fijo por constitución”, afirmó Escobar.
En cuanto a la implementación de una Comisión de Investigación de la Corrupción el especialista no considera que se trate de una invasión a la soberanía, si no que establece un refuerzo con experticia y habilidades para la fiscalía, por ejemplo.