La historia de la Humanidad nos enseña que, lamentablemente, durante los miles de años en los que el Homo Sapiens ha recorrido y dominado esta vasta Tierra, si de algo hemos sido huérfanos como especie, es de igualdad.
Los hombres, no obstante, filosóficamente siempre hemos sido iguales en dignidad, ese reconocimiento —a nivel político y legal— fue conquistado a sangre y fuego, hasta hace relativamente poco, ocurrió en la Revolución Francesa, en la cual se desterró el concepto de que los privilegios de cuna, eran los que marcaban el destino de los hombres.
A partir de ese trascendental evento, poco a poco, la humanidad fue derribando paradigmas, abriéndose al concepto de “igualdad”, más allá de lo que pueda implicar nuestro apellido, raza o condición económico-social. La idea de igualdad, ha triunfado mayoritariamente en Occidente, ya que, en lugares como la India, por ejemplo, la diferencia entre personas derivada de las “castas”, es todavía una degradante realidad.
En todo caso, la igualdad entre ciudadanos, no debe ni puede ser un concepto abstracto. Si bien es cierto, está contemplada en nuestra constitución y diversas leyes secundarias, todavía podemos percibir que, en la práctica, en El Salvador continuamos teniendo ciudadanos de “segunda clase”.
A ellos, a los de “segunda”, los encontramos en todos lados: en nuestras casas, en las casas de los políticos, pastores y sacerdotes, en las iglesias, en los colegios, en los restaurantes y en los clubes sociales. Ahí están, frente a todos, y nadie —o al menos, nadie relevante, ni de izquierda ni de derecha—, parece muy interesado en que su situación cambie. Si en algo se ponen de acuerdo ateos y creyentes, es en la olímpica indiferencia ante la precaria situación de estos ciudadanos.
Para ser un ciudadano de segunda clase, se debe nacer con una condición específica: ser pobre. La pobreza en El Salvador viene acompañada usualmente, de otra condición que cercena los futuros y limita los horizontes: la falta de educación. Una falta de educación tan crónica, que más que analfabetismo, se llama ignorancia.
A los ciudadanos de primera clase, en el fondo, no les molesta la existencia de ciudadanos de segunda clase, de hecho, se benefician con su existencia. Se benefician, porque gracias a su pobreza e ignorancia, pueden hacer lo que quieran con ellos. Contratarlos para trabajos peligrosos, cansados o mal remunerados. Exigir largas jornadas laborales, sin adecuadas compensaciones. Proceder a despidos sin indemnizaciones. En términos generales, muchos ciudadanos de primera clase se sienten cómodos, cuando actúan como abusadores socialmente aceptados.
Los ciudadanos de segunda clase más notorios son las empleadas domésticas. No tienen seguridad social (a pesar de que puede ser inscritas al efecto, muy pocos patrones lo hacen), no tienen retiro (AFP), carecen de derechos laborales, ni tienen horario de trabajo.
Cuando el señor de la casa llega a las nueve de la noche, la patrona le dice a la “Mary” que prepare cena. Ese evento no tendría mayor relevancia, sino fuera por el hecho que la Mary está levantada desde las 4:30 a.m. preparando loncheras y no ha dejado de trabajar todo el día; todo, sin horas extras ni compensación salarial alguna. ¿Alguien protesta ante ese claro abuso e injusticia? ¡Nadie! ¿Por qué? Porque en todas las casas de los ciudadanos de primera clase, que pueden pagarlo, hay una Mary que prepara cenas a las nueve de la noche.
Entiendo que lo que yo estoy diciendo es políticamente incorrecto, ya que nadie quiere hablar de los ciudadanos de segunda clase, de su existencia y falta de derechos. ¿La razón? A todos nos molesta sentirnos que somos explotadores; y nos molesta, aún más, que nos lo recuerden.
Este próximo gobierno enfrentará muchas deudas sociales, siendo la primera: promover libertades económicas e invertir en educación del pueblo, para que, cuando nazca una Mary en algún cantón, no esté condenada por su pobreza y falta de educación, a ser, para siempre, una ciudadana de segunda clase.
Abogado, máster en Leyes
@MaxMojica