Ariane Ortiz-Bollin ha seguido de cerca las finanzas salvadoreñas, desde hace muchos años, y por eso sabe que uno de los principales problemas que afectan la credibilidad crediticia del país radica en los acuerdos políticos que se dan en la Asamblea Legislativa.
En 2017, la calificadora de riesgo Moody’s en la que Ariane trabaja como analista, redujo la calificación de El Salvador a Caa1 después que el Gobierno dejó de pagar una deuda de pensiones por un desacuerdo político que llevó al límite del impago al país.
Hoy, de cara a las elecciones presidenciales del 3 de febrero, la analista afirma que es necesario que el nuevo Ejecutivo cree una dinámica de diálogo permanente con la Asamblea Legislativa, sobre todo cuando hay financiamiento que conseguir, deudas que pagar y una elevada deuda que reducir.
El último informe de Moody’s de este mes destaca que aunque se logró un acuerdo legislativo para aprobar el presupuesto 2019, la deuda aún es alta y faltan compromisos financieros que cumplir en el mediano plazo. ¿Cómo percibe la situación económica este año?
En 2014 y 2015 el principal factor que hacía pensar que la perspectiva era negativa para El Salvador era los constantes remanentes de déficit fiscal que estaban alrededor de 3.5% del PIB y la tendencia al alza de la deuda. Esa había sido siempre la preocupación, sobre todo con un crecimiento menos del 2%, el más bajo de la región.
Moody’s: Riesgo de liquidez aún es latente
Pero a partir de 2016 y 2017, y un poco 2018, la mayor preocupación terminó siendo la liquidez. Dada la polarización tan grande que había en la Asamblea Legislativa, la falta de acuerdos hacía que el Gobierno no tuviera el permiso para emitir deuda y por varios periodos vimos al Gobierno esforzarse a restringir el gasto...Había, entonces, un riesgo mucho más alto de que el Gobierno no pudiera pagar su deuda.
De hecho, estuvimos a punto de caer en un default (impago)...
Así es. Y dadas las circunstancias que tenía el Gobierno empezamos a bajar la calificación y después del obstáculo político que derivó en una falta de pago de pensiones, bajamos la calificación hasta C.
Desde entonces hemos visto una mejora importante en la dinámica política, en los acuerdos en la Asamblea Legislativa para aprobar la reforma de pensiones y después aprobar los presupuestos además de su financiamiento. Al principio nosotros queríamos tener más información de si esos acuerdos se derivaron del momento, de la presión, de la falta de pago o si ya se había generado una dinámica positiva y más permanente.
¿Y ahora, creen que existe esa dinámica política de acuerdos?
Reconstruir ese acuerdo toma tiempo y además queremos ver varias repeticiones de que sí generan acuerdos. Ahora, todavía falta que vayan a los mercados y se tiene la aprobación de la emisión de deuda, pero no se tienen todavía esos $1,300 millones que hay que cubrir, y por otro lado, también es importante resaltar que la deuda ya está en 70 puntos del PIB.
Lo que tiene que haber no solo es un acuerdo sino una dinámica en la que siempre se pueda llegar a acuerdos. Las próximas elecciones presidenciales ponen un signo de interrogación dependiendo de cuál sea el resultado electoral y cómo va a ser la relación del nuevo presidente con la Asamblea Legislativa.
Se han reducido los riesgos de liquidez dado que ya se aprobó en la Asamblea que se consiga deuda para financiar el bono de $800 millones que vence a finales de año. Sin embargo hay más deuda que vence en el mediano plazo y se va a necesitar llegar a más acuerdos.
En diciembre las conversaciones de un candidato presidencial con inversionistas en EE.UU. aumentaron el riesgo país en 0.25 puntos porcentuales. ¿Cómo están analizando ustedes los resultados electorales?
Nosotros estamos siguiendo muy de cerca la dinámica política y las encuestas. No solemos tomar decisiones en torno a quien gana sino las implicaciones que tenga no necesariamente el candidato, sino la política, la agenda que quiera implementar.
Y en el caso particular de El Salvador lo que nos interesa es la dinámica que habrá con la Asamblea Legislativa dado la necesidad que existe, el que se requieran dos terceras partes del Congreso para aprobar financiamiento de deuda. Eso obliga siempre al Ejecutivo a negociar con el Legislativo para llegar a acuerdos.
Y una precondición para reducir la deuda es una mejora en la dinámica de la relación política. En eso ya hemos visto bastantes mejoras, pero es necesario mantener una dinámica positiva.