La seguridad pública de un país es la piedra angular de la edificación robusta que conforma todo un andamiaje estatal, responsable de brindar una vida digna a la población de una nación. Este debe tener la capacidad de soportar los embates y altibajos arraigados a la imperfección humana.
Llevamos como país años agobiados por la delincuencia, los grupos criminales maras y pandillas han tenido una mutabilidad y sistematización que les ha permitido expandirse y fortalecerse cada vez más en el país. El control territorial de estas estructuras criminales inició en las zonas marginales donde el entorno rural les facilitó empezar a extorsionar a los pequeños negocios de los habitantes.
Es lamentable que en el país haya zonas donde no podamos transitar libremente, con la gravedad que estos territorios controlados por delincuentes siguen aumentando, dejando menos espacio para que el salvadoreño honrado pueda trabajar libremente. Esta inseguridad genera una serie de problemas, ejemplo de ello: el crecimiento económico se educe considerablemente; los empresarios locales cierran debido a la extorsión y la inversión extranjera no viene al país.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica un crecimiento económico del país del 2.3 % ocupamos el último lugar en Centroamérica. Con ello también ha crecido el empleo vulnerable en el país, la estabilidad laboral en las empresas es ambigua. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) hizo una medición en la cual desde 2015 a la fecha el empleo vulnerable va aumentando y no da indicios de mejorar. 2015 fue de 496,300, en 2016 fueron 501, 500, en 2017 fue de 507,300, en 2018 de 513,800 y el pronóstico para 2019 de empleo vulnerable es de 520, 400. Son cifras alarmantes.
Un estudio que realizó la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) en 2016, denominado Extorsiones a la Micro y Pequeña Empresa en El Salvador (Mypes), mostró datos relevantes sobre las extorsiones de las que son víctimas las micro y pequeñas empresas nacionales. Los resultados mostraron que el 42 % de las Mypes fueron víctimas de un delito en los doce meses previos a la encuesta, siendo la extorsión el delito más frecuente (22 %). Le siguen en importancia las estafas (15 %), los robos y hurtos (13 %); los delitos contra la propiedad o contra las personas son menos frecuentes: 5 % y 2 %, respectivamente.
Las Mypes de los sectores comercio y servicios tienden a ser más victimizadas. La extorsión en particular aumenta a medida crece el número de empleados; mientras 36 % de las empresas unipersonales fueron víctimas de algún delito y 17 % de extorsiones, casi el 60 % de las empresas de más de cinco empleados fueron víctimas de la delincuencia y más de 30 % fueron extorsionadas, especifica el informe.
Es importante destacar la denuncia del delito de la extorsión y su eficacia en la persecución de los delincuentes. De los encuestados refleja que el 56 % de las denuncias, las autoridades no han hecho nada, solamente el 16.5 % lo esclarecieron, el 14.3 % no sabe el resultado y el 13.2 % se hace la investigación. Definitivamente son resultados muy pobres y endebles si realmente se busca reducir y eliminar el flagelo de la extorsión.
El desplazamiento forzado es otra problemática por resolver en este 2019. Según la ONG Cristosal, el 96.2 % de estos desplazamientos son originados por las maras y pandillas. Es imperante el control territorial de las autoridades para evitar este éxodo de personas. Disminución de homicidios y violencia contra la mujer son otros flagelos que el próximo presidente y su gabinete deben enfrentar y buscar resolver a un mediano plazo, antes que por la inseguridad la vida en nuestro país sea totalmente inviable.
Analista político y consultor en seguridad