Mecafé deberá seguir en la cárcel por supuesto soborno millonario en caso El Chaparral

Miguel Menéndez seguirá en la cárcel por los delitos de lavado de dinero y de activos, peculado y agrupaciones ilícitas, en el tema de la construcción incompleta de la presa El Chaparral

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El Juzgado Noveno de Paz le decretó instrucción formal con detención provisional por este caso. Foto EDH/ Josué Parada

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07 January 2019

El Juzgado Noveno de Paz ordenó que Miguel Menéndez (Mecafé) vaya a prisión por tres delitos: lavado de dinero y de activos, peculado y agrupaciones ilícitas, en el tema de la construcción incompleta de la presa El Chaparral en el oriente del país durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes.

Estos ilícitos habrían derivado del pago de 108.5 millones de dólares que la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), durante el gobierno de Funes, le pagó a la empresa italiana, Astaldi.

Las investigaciones de la Fiscalía indican que un arreglo directo entre el presidente de Cel y representantes de Astaldi, al parecer por lineamiento del expresidente Funes, les dejó una ganancia en $3.5 millones de dólares en concepto de "dádivas", razón que ha originado este nuevo proceso judicial.

 

Además de Mecafé sumarán estos nuevos cargos el expresidente Mauricio Funes, prófugo en Nicaragua, su compañera sentimental, Ada Michelle Guzmán,  junto a Leopoldo Samour, ex presidente de CEL en ese periodo; Mario Pieragostini, representante de la empresa italiana Astaldi, y el contador José Efraín Quinteros.

Para éstos otros cinco acusados, quienes se encuentran en condición de prófugos, el juzgado resolverá mañana martes, de acuerdo con las evidencias presentadas por la Fiscalía en el requerimiento.

Empresas fantasma para canalizar el soborno

Según la investigación fiscal, el expresidente Funes y Mecafé crearon dos empresas fantasma off shore en Panamá para hacer llegar a sus arcas personales los $3.5 millones que otorgó la empresa italiana Astaldi para suspender el contrato por la presa El Chaparral.

Un mes antes de que se concretara el arreglo directo entre CEL y Astaldi entre el 10 y el 12 de junio del 2012, Menéndez y Samour viajaron a Panamá para la compra de la sociedad fachada off shore denominada Headford Business, dice FGR.

Además abrieron una cuenta en el banco FPB Bank Inc. en Panamá a nombre de la misma empresa off shore, pero que sirvió para los depósitos de las dádivas entregadas por Astaldi a Menéndez y Funes por haber ordenado el trato directo, mediante el cual se le pagó más de 45 millones de dólares de exceso para la constructora italiana.

 

Al comenzar las transferencias de CEL para Astaldi, Menéndez junto al representante de la Astaldi, Mario Pieragostini, y un testigo protegido, elaboraron contratos falsos con los que simularon el pago o redistribución de los servicios, supuestamente prestados por la sociedad Headford y dos sociedades relacionadas con Astaldi. Estas empresas eran Railway International Trading Corp y RIFT International.

Además, esta "dádiva millonaria" sigue una ruta compleja a través de una serie de transacciones financieras, entre ellas una relacionada con Mecafé y Ada Mitchell Guzmán, la pareja de Funes y ahora asilada con él en Nicaragua.

La RIFT International S.A. Panamá recibe $900.000 y luego los transfiere a Headford Business, S.A., Panamá. Esta misma empresa recibe $1,100,000 de Railway International Corp (RIT) Panamá.

Pero Headford Business, S.A. Panamá hace una serie de transferencias con casi todos los $2.000,000 recibidos. Por ejemplo, le transfiere $650,000 a Latin America Spas S.A. de C.V. El Salvador, que era manejada Ada Mitchell.

Esta empresa transfiere $325,000 a otra denominada Control Investment Trading Company Corp, para la compra de una casa en Sierra Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán, y un edificio en la colonia Maquilishuat, de San Salvador.

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Además transfiere $195,000 a la empresa Mecafé S.A. de C.V. El Salvador y esta le vende el local para el spa de la hoy pareja de Funes. Pero la empresa de Mecafé, dice Fiscalía, recibió otros $399,800 mediante tres operaciones con dos sociedades locales con cuentas en Panamá.

Por otro lado, la Corte de Cuentas cuestionó en un principio el arreglo en el caso de la presa El Chaparral, pero después lo avaló. En un informe señalaba anomalías en la ejecución de contrato y pago de más no sustentado; en otro dijo que fue legal.