Crisis entre Cicig y Gobierno de Morales se recrudece y deja dos detenidos

A raíz de la prohibición para que el investigador ingresara a territorio guatemalteco, la fiscal general, María Consuelo Porras, ordenó a sus fiscales que capturen, en flagrancia, a los responsables de impedir el ingreso de Osorio.

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Foto EDH/ EFE

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06 January 2019

La decisión de las autoridades de prohibir el ingreso del colombiano Yilen Osorio, recrudeció hoy la crisis entre el gobierno del presidente Jimmy Morales y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Osorio fue retenido contra su voluntad en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, de la capital, por más de 24 horas, pero tras una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica del país, se le permitió el ingreso.

El portavoz de la CICIG, Matías Ponce, confirmó que el investigador colombiano ingresó al territorio guatemalteco.

Los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores, Enrique Degenhart y Sandra Jovel, respectivamente, fueron denunciados penalmente por la organización Acción Ciudadana (AC) por supuestamente estar implicados en la prohibición para que el colombiano ingrese a Guatemala.

En la denuncia, el organismo incluyó al Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado, por los delitos de usurpación de atribuciones, abuso de autoridad y desobediencia.

Por su parte, la CICIG presentó hoy ante el Constitucional una solicitud para que se ejecute las resoluciones judiciales emitidas el 21 y 27 de diciembre pasado, las cuales permiten el ingreso de los 11 investigadores de ese organismo a Guatemala.

El organismo de las Naciones Unidas también pidió que se encauce penalmente a los funcionarios responsables de impedir el ingreso de sus funcionarios.

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"En virtud de que se advierte desobediencia por parte de las autoridades impugnadas dentro del presente amparo, se ordene el encausamiento por desobediencia, certificando lo conducente para el inicio del proceso penal que corresponda", expresa el documento.

El fiscal contra la Corrupción, Stuardo Campo, explicó a los periodistas que está analizando si proceden o no las capturas, y también la solicitud de desafuero de algunos ministros.

La decisión del Ejecutivo de prohibir el ingreso del investigador fue recibida con indignación por varias organizaciones sociales y activistas, entre ellos la premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú.