El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) debatió este jueves 27 de diciembre de forma extraordinaria la crisis en Nicaragua. Los Gobiernos de Colombia, EE.UU., Perú y Argentina pidieron evaluar la crisis en dicho país mediante la Carta Democrática de la OEA, aunque no exigieron explícitamente que se inicie el proceso para suspender a ese país del organismo.
Este jueves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó también el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) donde se desnudan los crímenes cometidos por la Policía Orteguistas y los paramilitares del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra las manifestaciones ciudadanas que iniciaron en abril.
Por su parte, el secretario de la OEA, Luis Almagro, inició hoy el proceso para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, que podría abrir la puerta a la suspensión de este país del organismo si fracasan antes las gestiones diplomáticas.
"Nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana", anunció Almagro durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA.
"Quisiera aferrarme a que usted y su Gobierno asuman la dignidad de asumir errores, de volver a principios que los llevaron a la democracia en Nicaragua", añadió Almagro, dirigiéndose al embajador nicaragüense ante el organismo, Luis Alvarado.
Secretario General @Almagro_OEA2015 en @CP_OEA: "Nos vemos obligados a pensar aplicación de Carta Democrática Interamericana. Quisiera aferrarme a que usted y su Gobierno asuman la dignidad de asumir errores, de volver a principios que los llevaron a la democracia en #Nicaragua".
— CIDH (@CIDH) 27 de diciembre de 2018
La Carta Democrática es un instrumento jurídico aprobado en 2001 para la preservación de la institucionalidad democrática en Latinoamérica.
Su artículo 20 establece que el secretario general o cualquier Estado miembro de la OEA puede solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente cuando en un país de la organización "se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático".
Secretario General @Almagro_OEA2015 en @CP_OEA: "De continuarse cometiendo crímenes de lesa humanidad en #Nicaragua, solicitaremos que los actores que los practican sean detenidos activando así el principio de Justicia Universal".
— CIDH (@CIDH) 27 de diciembre de 2018
Entonces, el Consejo Permanente debe decidir si existe esa "alteración" del orden democrático y, a partir de entones, se pueden tomar distintas gestiones diplomáticas.
De fracasar estas, se inicia un proceso que podría llevar a la convocatoria de una Asamblea General extraordinaria, el foro político más importante de la OEA, en el que los cancilleres de las Américas podrían suspender a un Estado miembro si estiman que "se ha producido la ruptura del orden democrático".
Mientras que la CIDH expresó hoy su "seria preocupación" por la "intensificación" de las acciones del Gobierno nicaragüense para acabar con los "últimos espacios disponibles" destinados al ejercicio de la libertad de expresión.
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La vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, se expresó así durante la reunión del Consejo Permanente de la OEA y tras las acciones tomadas contra medios como el canal 100 % Noticias, críticos con el presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
"Hay una seria preocupación porque en días pasados el Gobierno de Nicaragua ha intensificado sus acciones dirigidas a cerrar los últimos espacios democráticos disponibles para el ejercicio de los derechos humanos y, en especial, de la libertad de expresión", afirmó Arosemena de Troitiño.
De acuerdo a sus datos, la CIDH ha recibido 117 denuncias de agresiones a la libertad de expresión, como el arresto el pasado viernes del periodista Miguel Mora, dueño del canal 100 % Noticias, y de Lucía Pineda, la jefa de prensa de ese medio, que aún están detenidos y afrontan cargos por "fomentar" el odio.
La comisionada presentó ante el Consejo Permanente de la OEA el informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH.
Ese documento fue lanzado la semana pasada en Washington y, en este, el GIEI señaló que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad.
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Nicaragua está inmersa en una crisis desde el estallido el 18 de abril de unas protestas que buscan la renuncia del presidente, Daniel Ortega.
La crisis ha dejado 325 muertos desde abril, según la CIDH , aunque algunos grupos elevan la cifra a 545 las víctimas mortales, mientras que el Gobierno solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.