El Gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador cedió ayer a las presiones y permitirá a Estados Unidos “devolver” extranjeros a México para que esperen en este país durante el trámite de petición de asilo.
Minutos después de darse a conocer la noticia, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Alday, explicó que Estados Unidos tomó esta decisión con base en su propia legislación y soberanía.
En función de su “soberanía e independencia”, México respetará sus propias leyes, Constitución y tratados internacionales para “dar acogida y recibir algunos de estos migrantes no mexicanos que enfrentan el proceso migratorio”, con el fin último de dar protección y respetar sus derechos humanos.
“Esta medida unilateral pone (a los migrantes) en situación de enorme volatilidad”, apuntó el consultor jurídico.
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Una vez en México, los migrantes podrán solicitar un permiso de trabajo y, “para nada” esta decisión implica que el país se convierta en Tercer País Seguro para Estados Unidos, en el que se obligaría a los migrantes en tránsito solicitar asilo en México.
Pese a esta explicación, sustentada en la protección de los migrantes, la medida no deja de sorprender y es vista con extrañeza por ciertos sectores mexicanos.
En primer lugar, porque la ministra de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, rechazó hace un mes que el equipo de López Obrador hubiera llegado a ningún acuerdo con Estados Unidos en este aspecto, tal y como lo señaló el diario Washington Post.
Además, el anuncio parece parcialmente orquestado, ya que el martes México y Estados Unidos anunciaron en una declaración conjunta inversiones multimillonarias en Centroamérica y el sur de México para fomentar el progreso al tiempo que se frene la migración.
Un día después, México anunció a bombo y platillo el fin de su política migratoria de contención y seguridad para pasar a un nuevo paradigma que privilegia el respeto a los derechos humanos de los migrantes y el desarrollo económico en la región.
Respetando así el recientemente ratificado Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular aprobado el 10 de diciembre pasado en Marrakesh.
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“Se está cayendo en el juego de Estados Unidos de aceptar sus condiciones, y sorprende mucho en el gobierno de Andrés Manuel”, dijo la coordinadora del programa de Asuntos Migratorios de la
Universidad Iberoamericana en Ciudad de México, Mariana Zaragoza.
A falta de más información, puntualizó la experta, en un principio la medida no beneficia a los migrantes porque México “no es seguro” y, además, el fin último de ellos es cumplir con el sueño americano.
“No toman en cuenta sus deseos”, consideró.
Adicionalmente, en la fronteriza Tijuana hay ya una gran lista de espera de migrantes que desean solicitar asilo en Estados Unidos y que se encuentran en albergues bajo “condiciones de precariedad”.
“Es una bomba de relojería”, aseguró.
Los que regresarían
En la rueda de prensa ofrecida por Cancillería, Alday no supo responder cuántos migrantes que buscan asilo en Estados Unidos aceptarían regresar a México.
“Sobre tiempos y flujos, en este momento es muy aventurado establecer cifras. (...) Tampoco son grandes flujos ni en un solo momento, sino que se hará gradualmente”, puntualizó el consultor jurídico.
Desde Washington, el encargado de negocios de la Embajada de México en Estados Unidos, José Antonio Zabalgoitia, precisó hoy que su país no va a aceptar a deportados por Estados Unidos sino a migrantes que hayan iniciado un proceso de petición de asilo ante las autoridades estadounidenses.
Aunque la Cancillería mexicana aceptó el regreso de los migrantes, el titular del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, Tonatiuh Guillén, dijo que la dependencia a su cargo “no podría atender esto en el corto plazo. Habrá que hacer otro tipo de revisiones”.
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Explicó que la ley no favorece en este tipo de iniciativas, por lo que “habrá que hacer un procedimiento adicional con la Ley de Migración (...) se necesita traducir la ley (porque) no tenemos contemplado este tipo de ingresos”.
Mientras, el miércoles, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) demandó a las autoridades el rápido esclarecimiento del asesinato de dos migrantes hondureños menores de edad ocurrido en la ciudad de Tijuana, frontera con Estados Unidos.
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, destacó la coincidencia de que las nuevas directrices, presentadas en la Secretaría de Gobernación, sean anunciadas el mismo día de la ratificación del Pacto en la Asamblea General.
“México es el primer país del mundo que ajusta sus políticas migratorias al Pacto (de Marrakesh)”, destacó.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó que la política migratoria que aplicará México se adapta al acuerdo de la ONU en dos ejes fundamentales: derechos humanos y desarrollo regional.
La nueva política tendrá además un efecto positivo en la protección de los mexicanos que viven en otros países, principalmente Estados Unidos, donde radican unos 24 millones de ciudadanos, consideró.
Según la Organización Internacional para las Migraciones, se estima que cada año México deporta a unos 150,000 ciudadanos de origen centroamericano.