Sin los votos del FMLN, la Asamblea aprobó ayer con 51 votos una nueva Ley de Veteranos que viene a derogar la normativa que fue aprobada para beneficiar a los veteranos de guerra de la Fuerza Armada y del FMLN, en noviembre de 2015.
En el decreto aprobado ayer se argumenta que fue necesario diseñar una nueva ley, debido a que la anterior tuvo “una serie de obstáculos en la aplicación de la normativa, lo que se hace necesario crear una nueva ley, a fin de que se cumpla el espíritu tal y como fue manifestado por los legisladores de las diferentes fracciones al momento de su elaboración y de su aprobación”.
La ley fue aprobada con modificación de agenda y dispensa de trámite a iniciativa del diputado de ARENA, Mauricio Ernesto Vargas.
Esta nueva normativa se diferencia de la anterior en que el dinero para pagar las pensiones de los veteranos se tomará del impuesto del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE), llamado “impuesto de guerra” que pagan los salvadoreños de $0.16 centavos por cada galón de gasolina, según afirmó el diputado Vargas.
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Sin embargo, los diputados del FMLN, Carlos Ruiz y Víctor Hugo Suazo, criticaron que se estaba aprobando una ley que aún no tiene financiamiento, ya que los $52 millones que están destinados para el pago de las pensiones está considerado en el gasto general de la Nación de 2019 que falta por ser aprobado.
Sin embargo, la anterior ley de veteranos tampoco pudo ser ejecutada por falta de fondos del Estado para entregar la pensión.
Ayer hubo intentos fallidos por avalar el gasto general de la Nación cifrado en $6,733.2 millones. Se prevé que este día logren acuerdo en la continuación de la plenaria.
De acuerdo a la nueva normativa los veteranos tendrán derecho a una pensión no mayor a $300 mensuales; a una indemnización que no sobrepasará los $3,000 para quienes no han recibido ese beneficio; a atención médica preferencial en el sistema de salud público; a programas de inserción productiva; acceso a la educación; a transferencia de tierra, insumos agrícolas, y entrega de vivienda.
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Así como la entrega de materiales para la remodelación y mejoras de sus viviendas; acceso a programas de líneas de crédito con intereses flexibles y prestación económica para servicios funerarios de $200.
También se incorpora un nuevo elemento que es la creación de un “Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que participaron del conflicto armado interno de El Salvador del primero de enero de 1980 al 16 de enero de 1992”.
Este Instituto será el rector de velar porque se cumplan los beneficios considerados para el sector dentro de la nueva ley.