El estira y encoge por la aprobación del presupuesto del próximo año siguió ayer entre los diputados hasta por la noche en el desarrollo de la plenaria, sin llegar a un acuerdo definitivo.
La Comisión de Hacienda se reunió en paralelo al desarrollo de la plenaria en el intento de arribar a un acuerdo, pero según la diputada del FMLN, Yanci Urbina, ARENA no accede a dar sus votos por los $600 millones que el Gobierno pide de financiamiento extra en gasto corriente.
Agregó que los tricolores quieren bajar $200 millones al presupuesto, y con esa disminución la diputada Urbina considera que se iría en detrimento de partidas prioritarias como el pago de pensiones.
Pero Carlos Reyes, jefe de fracción de ARENA, sostuvo que tienen dudas y cuestionamientos sobre rubros como el de los ingresos de utilidades que tiene CEL, que según el diputado no están reflejados los ingresos reales, aunque el Ministerio de Hacienda aclaró que están contenidos en el presupuesto por el orden de los $25.6 millones.
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Durante la reunión de la Comisión de Hacienda ayer por la noche, el diputado Rodolfo Parker, del PDC explicó que el monto de $600 millones que Hacienda está justificado, ya que el gobierno ha dejado de percibir $120 millones a raíz de la derogatoria del impuesto a las operaciones financieras y otros $100 millones para adecuarse a las reformas de la Ley del Sistema de Pensiones aprobada el año pasado.
ARENA no está convencido. Al respecto, la diputada Margarita Escobar, mencionó que sólo en servicio de deuda el gobierno tiene previsto pagar dentro del presupuesto del próximo año, $1,000 millones.
Argumentó que por esa situación es que quieren tener claridad de que se apruebe un presupuesto ordenado, apegado a la Ley de Responsabilidad Fiscal y a los ingresos que tienen el Estado, es decir, que no tenga que presentar déficit.
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El Ministerio de Hacienda pide a la Asamblea que le aprueben $6,733.2 millones en el presupuesto del otro año, que incluyen $800 millones para pagar deuda que se vence en diciembre de 2019 y $600 millones para financiar partidas que no tienen completo sus gastos de operatividad.
En total son $1,407 millones adicionales que el Estado necesita para aprobar un presupuesto que no esté desfinanciado y cumplir con la sentencia de la Sala de lo Constitucional.
Francisco Merino, del PCN, expresó que el presupuesto debe ser aprobado tal cual, ya que al no hacerlo se afecta al gobierno que entre en junio de 2019, después de las elecciones presidenciales.