Las declaraciones formuladas durante una entrevista televisiva por el ministro de Defensa, David Munguía Payés, hace menos de una semana, fueron recibidas con preocupación por diferentes sectores de la sociedad. Secundando un rumor sin fundamento, iniciado por el candidato de GANA y su séquito, el militar insinuó que existe la posibilidad de que se dé un fraude en las próximas elecciones. Argumentó que esto llevaría a un levantamiento popular en el que tendría que intervenir la Fuerza Armada. Además, Munguía advirtió al sector político que esperaba que se respetara esa voluntad popular que, según él, podría llevar a un levantamiento.
Analistas, expertos constitucionalistas y representantes de organizaciones sociales rápidamente reaccionaron a las palabras del ministro. Sus lecturas, explicadas en diferentes espacios noticiosos y de opinión, coinciden en que la postura adoptada por Munguía Payés es sumamente grave.
Esta no es la primera vez que el ministro es objeto de controversia. Desde que debutó como funcionario en 2009, se caracterizó por sus polémicas posiciones y acciones. Munguía es como un personaje como los de la TV que no puede deshacerse de una nube negra que lo persigue por todos lados, derramando una tormenta sobre él y destruyendo su entorno.
Muchos sugieren que las incendiarias declaraciones de Munguía no son más que una muestra de lealtad y sumisión al candidato de GANA. Según explican quienes sostienen está hipótesis, el ministro está tratando de mantenerse en su cargo ganándose la simpatía del contendiente a la presidencia. Algunos hasta señalan que Munguía es uno de los funcionarios que ha recibido promesas de un posible reenganche si se alinea con GANA.
Ninguna democracia moderna toleraría este tipo de comentarios de parte de su ministro de Defensa. El despido o la renuncia forzada del funcionario sería inevitable. Las declaraciones de Munguía estuvieron fuera de lugar. Van en contra del carácter apolítico que la constitución ordena debe de tener la institución castrense en su totalidad. Siendo el ministro de Defensa, Munguía tiene la obligación de predicar con el ejemplo. Su puesto no le confiere inmunidad a lo ordenado por la Constitución de la República, por el contrario, le obliga a ser el primero en respetarla.
La trayectoria reciente de este funcionario, sin embargo, demuestra que esta no es la premisa prioritaria con la que desarrolla su trabajo. Jugó con las vidas de policías y soldados negociando con pandilleros. No ha dudado en usar la tropa bajo su mando para intimidar a quienes considera una amenaza personal. Tampoco pensó dos veces en escudarse detrás de la institución castrense cuando lo acusó la Fiscalía. Estos y muchos otros ejemplos que no mencionó por falta de espacio, demuestran que, para Munguía sus intereses vienen antes que los de la Patria.
Munguía y su tormenta son la razón por la que la opinión pública en relación con la Fuerza Armada se deterioró. Una encuesta realizada por el Iudop hace solo un año reveló que el 57% de la ciudadanía evalúa de forma positiva a la Institución. Este porcentaje es notablemente menor al 73.9 % que encontró otra encuesta del Iudop realizada en 2009.
En esta coyuntura electoral es importante determinar qué candidatos tienen mayores probabilidades de reclutar a este tipo de funcionarios en su gabinete. Los que se inclinen más por este tipo de funcionarios deben de ser inmediatamente descartados. El Salvador no necesita más personajes con nubes que los persigan, sino funcionarios comprometidos con los intereses de El Salvador.
Criminólogo
@_carlos_ponce