La Corte Plena del máximo tribunal de Justicia ha empezado a programar los estudios de varios casos abiertos en la Sección de Probidad por enriquecimiento ilícito. Estos estaban paralizados, desde el 16 de julio, debido a que la Asamblea Legislativa se retrasó en elegir a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional y uno de la Sala de lo Civil.
Los funcionarios que integran el resto de Salas decidieron esperar a que estuviera completo el Pleno (15 magistrados) para tener un mejor consenso en la discusión de los expedientes y también para evitar que se dieran malas interpretaciones, explicó meses atrás la presidenta de la Sala de lo Penal, Doris Luz Rivas Galindo.
“Los casos de Probidad se están empezando a agendar en Corte Plena y, poco a poco, nosotros nos hemos ido informando para empezar a moverlos”, informó el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Aldo Cáder, quien fue nombrado en el cargo el 16 de noviembre anterior.
Su compañero de Sala y presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Óscar Pineda, no reveló los nombres de las personas que están siendo investigadas y cuyos casos están por ser analizados: “Funcionarios son varios, están algunos diputados”, se limitó a decir.
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Él también atribuyó la lentitud en la discusión de los casos a las prórrogas que han pedido los funcionarios para presentar documentación que les servirá para defenderse de los señalamientos.
Los señalados
En su momento, el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco, quien terminó su gestión el 15 de julio, señaló que entre los funcionarios investigados por presunto enriquecimiento ilícito y que pidieron una ampliación del plazo para presentar documentación estaban el expresidente de la Asamblea Legislativa y actual titular del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa), Sigfrido Reyes.
También está el extitular de la Asamblea Legislativa y actual diputado por GANA, Guillermo Gallegos; y la exvicepresidenta de la República y exdiputada por ARENA, Ana Vilma de Escobar.
En abril de 2017, Reyes fue nombrado embajador en misión oficial para Marca País. Él y el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, defendieron el nombramiento, y aseguraron que no era un blindaje ante la investigación en su contra.
Las indagaciones apuntan a que el funcionario no ha justificado el origen de $717,065.80 durante los nueve años en los que fue diputado, entre 2006 y 2015. Él solicitó tres meses para presentar la documentación; el plazo para entregarla se le venció el 7 de febrero pasado.
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Gallegos pidió el mismo tiempo que Reyes para esclarecer 103 irregularidades en sus declaraciones patrimoniales. Para presentar las pruebas en su defensa tuvo hasta el 29 de noviembre del año pasado. Mientras para De Escobar el límite para defenderse fue el 13 de septiembre de 2017.
Otros funcionarios y exfuncionarios que también están bajo la lupa de Probidad son el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz; los exmandatarios, Antonio Saca y Alfredo Cristiani. En el caso de Mauricio Funes, este apeló el fallo condenatorio ante la Sala de lo Civil.
Además, los exministros René Figueroa y David Gutiérrez. El extitular de CEL, José Leopoldo Samour, Miguel Menéndez, expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, y el exdirector de la Policía Francisco Salinas. También hay tres expresidentes del Instituto Nacional de los Deportes (INDES).
Las investigaciones de supuesto enriquecimiento ilícito de funcionarios han provocado fuertes debates entre algunos magistrados de la Corte por el envío a juicio de funcionarios y exfuncionarios que no pudieron justificar incrementos en sus cuentas y bienes. Algunos han defendido en que no se revele al público las discusiones del pleno sobre investigaciones y otros les han recordado que el interés público prevalece en estos casos.