La Fiscalía de Nicaragua pidió un castigo equivalente a más de dos penas máximas contra tres líderes campesinos, inculpados por terrorismo y otros delitos, tras haber participado en protestas contra el presidente Daniel Ortega, informó ayer la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CDPH).
“La Fiscalía solicitó 73 y 63 años de cárcel”, dijo el abogado de la CPDH, Julio Montenegro, quien defendió a los campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y Luis Orlando Pineda, en el juicio en su contra.
En Nicaragua la pena máxima es de 30 años de prisión, por lo que la petición de la Fiscalía supera en más del doble el límite establecido.
Los campesinos fueron inculpados el lunes por delitos de terrorismo, robo agravado, daños agravados, secuestro y entorpecimiento de servicios públicos, por el juez del Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, Edgard Altamirano. La fecha del anuncio de la condena no fue especificada por el juez.
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Montenegro denunció en conferencia de prensa anomalías en el juicio, como el hecho de que Mairena reconoció al testigo identificado como “Código 01” como el policía encargado de torturarlo en la cárcel, y el testimonio de “Código 02” fue eliminado porque sus contradicciones impidieron inculpar a los campesinos aun cuando le dictaron su declaración en un vídeo.
Asimismo, denunció que el juez ya tenía redactado el fallo antes del inicio de la audiencia, por lo que no incluyó los alegatos finales ni las declaraciones de los campesinos.
La CPDH reiteró que el Sistema Penitenciario Nacional mantiene sin agua potable y en condiciones insalubres a los convictos, a quienes “les siguen apareciendo esquirlas de metal y patas de insectos en la comida”. Mairena, Mena y Pineda forman parte de una lista de 674 manifestantes que los organismos defensores de los derechos humanos consideran como “presos políticos”, por haber participado en protestas contra Ortega. El Gobierno reconoce la existencia de 273 reos, que califica como “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, secuestros y violencia sexual, entre otros abusos.