Siempre he tenido una relación de amabilidad y respeto con el General David Munguía Payés. Y así debe seguir, pero aparte del plano personal, estoy en desacuerdo con su posición sobre la libertad de los militares -la de su cargo, en particular- para hacer declaraciones públicas e incidir de esa manera en la política nacional. Creo, por el contrario, que el Ministro de Defensa no tiene que opinar en temas o asuntos políticos ajenos a su misión constitucional.
El General ha dicho que sí puede porque es “el político de la Fuerza Armada, por ser miembro del gabinete de gobierno”. Pero en eso creo que está equivocado de cabo a rabo. Eso es un invento sin base alguna de carácter legal. Desde los tiempos de Aristóteles, es un principio de lógica elemental que una cualidad que se atribuye al “todo” no necesariamente se atribuye a cada una de sus “partes”. Un gabinete de gobierno tiene, en efecto, naturaleza política. Es un colectivo eminentemente político, pero eso no significa que cada uno de sus miembros es político o puede hacer política, y menos aún que cada uno puede hacer política de la misma manera que los demás.
En su caso, el Ministro de Defensa es el único miembro del gabinete que no puede meterse en política. Aparte de consideraciones históricas sobre situaciones muy recientes y muy sensibles e importantes en nuestro país, la razón es obvia: es el único ministro que tiene miles de hombres armados bajo su mando, sujetos a obediencia y a disciplina militar (la PNC está bajo mando del presidente por disposición constitucional).
Si el Ministro de Agricultura o de Turismo dice que puede haber fraude y agitación social, no se aflige ni su santa mamá. Pero si lo dice el Ministro de Defensa, aunque sea hipotética su consideración, y si además dice que en tal escenario puede verse la Fuerza Armada obligada a intervenir, aunque sea bien intencionada su intención de prevenir; y si además lo dice a pocos días de haber gritado ¡ Fraude! un político particular, de quien hemos comprobado que en caso de derrota llamaría a la violencia sin dudar, entonces, señor Ministro, los significados posibles y la preocupación por sus palabras no se pueden ignorar.
El General debe saber, además, que el ciudadano puede hacer todo lo que la ley no le prohibe, pero el funcionario público solo puede hacer lo que la ley le manda, no tiene más funciones o atribuciones que las que expresamente le otorga la ley. Las suyas están en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada. Solo puede expresar el punto de vista de la Fuerza Armada (no el suyo propio) ante el Organo Ejecutivo (no ante los medios de comunicación), o ante el Organo legislativo si fuere necesario, y solo puede hacerlo en relación con problemas nacionales relacionados con su función constitucional. Adivinar el futuro o darle resonancia a delirios de personajes políticos está fuera de su rol institucional.
Analizar posibles escenarios de convulsión nacional puede ser aceptable como parte de su responsabilidad, pero en tal caso debiera presentar sus apreciaciones de manera institucional, no personal, y debiera presentarlas al presidente de la república, no a los medios de comunicación social.
En este tema no hay discusión. Es la piedra angular del acuerdo de paz. Es también uno de los supuestos fundamentales de cualquier democracia funcional. El ministro de defensa no se debe meter en la política, mucho menos hacer advertencias -peor aún si son interpretables como amenazas- de intervención del estamento militar. No podemos ir a las elecciones con una pistola en la cabeza. Es muy peligroso -y desatinado- que el Ministro hable de fraude, aunque lo haga de manera hipotética, o haga eco a políticos irresponsables con delirios de fraude electoral y de caos social. Es, además, una ofensa grave a la honorabilidad de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Si está mal que hable de fraude, peor aún es que haga “llamamientos” a los partidos políticos o a la población en general. Esa, simplemente, no es su función constitucional.
Ahora fue Bukele el del cuento del fraude, y su denuncia se cayó por falsedad. Antes fueron otros, y siempre los habrá: políticos derrotados, políticos inexpertos y nerviosos, o manipuladores inescrupulosos que toquen a la puerta de la Fuerza Armada para instrumentalizarla en función de su interés partidario o personal. Cuando toquen a su puerta, la Fuerza Armada no debe responder. Nos ha costado demasiado a los salvadoreños el respeto que ahora profesamos y el orgullo que ahora sentimos por su neutralidad y por su desempeño profesional.