Dentro de los 14 candidatos a Fiscal que han sido preseleccionados por los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, los partidos han considerado como potencial aspirante al cargo al presidente del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), Néstor Castaneda, además del actual Fiscal, Douglas Meléndez, entre otros.
Para miembros del Movimiento “Ciudadanos comprometidos con defender la Libertad y Democracia en El Salvador” (DECIDE), los diputados deben poner especial atención en quiénes han preseleccionado y valorar como un parámetro decisivo para su elección el posible conflicto de interés que puedan tener algunos. Tal es el caso de Castaneda, expresó Carlos Miranda, de este movimiento.
En la propuesta presentada por el movimiento social a la Asamblea, al tener conflicto de interés por diligencias abiertas en la institución que preside, el candidato debe renunciar a su cargo para postularse.
“Cuando tenemos a una persona que probablemente pueda limitarse alguna independencia... y estamos hablando de un miembro del Tribunal de Ética, hay funcionarios que todavía tienen pendientes procesos en ese Tribunal”, explicó Miranda ayer en la Asamblea.
Leer además: Instituciones de la sociedad civil vuelven a cuestionar método de elección del fiscal General
Anteriormente, organizaciones de la sociedad civil han demandado a los diputados de la Comisión Política de la Asamblea en el Tribunal de Ética, por no haber elegido en tiempo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Esos 13 legisladores que integran la Comisión Política y que fueron denunciados por incumplimiento a la Constitución y al Reglamento Interno de la Asamblea en el TEG, son los mismos que ahora dirimen sobre la aspiración de Castaneda al cargo de fiscal.
En ese entonces, Eduardo Escobar de Acción Ciudadana expresó que si el Tribunal de Ética resuelve en contra de los diputados, no sólo podrían ser sancionados con una multa económica de 40 salarios mínimos, también pudieran quedar inhabilitados a ser candidatos a una reelección, por incumplir con el requisito de moralidad notoria.
Este periódico consultó a Castaneda sobre la objeción a su candidatura para Fiscal, por el posible “conflicto de interés”, pero el funcionario argumentó que desde que se postuló para el cargo, ha hecho uso de la figura de “excusa” que establece la ley para no conocer sobre los casos relacionados con demandas en contra de los diputados.
“Cuando presenté mi solicitud a la Asamblea para este proceso, inmediatamente comencé a presentar mis escritos de excusa en todos los procesos en donde participe un diputado, porque tengo varias denuncias con diputados; para que no se fuera a ver parcializada mi participación yo me he apartado formalmente y he llamado a mis suplentes, eso ha sido así desde que presenté mi solicitud de participación a la Asamblea”, justificó Castaneda a El Diario de Hoy.
Afirmó que además de la demanda en contra de los legisladores por no elegir a tiempo a los magistrados de la CSJ, el Tribunal de Ética tiene en ciernes otra denuncia por la falta de operatividad de la Asamblea en torno a la sentencia de la Sala de lo Constitucional por la Ley de Amnistía, y varias demandas en contra de diputados por fondos públicos entregados a organizaciones no gubernamentales. Una de ellas es en contra del diputado Guillermo Gallegos, de GANA.
También: Diputados avalan refuerzo presupuestario de $692,470 a la Fiscalía
Pero Castaneda asegura que de todos esos procesos no ha participado en los últimos días. “Lo franquea la ley, para todo juez es algo legal, los suplentes decidirán lo que crean conveniente”, afirmó.
Asamblea atada de manos
Al respecto, el presidente de la Asamblea, Norman Quijano de ARENA explicó que es “fundamental” valorar el conflicto de interés que puedan tener los candidatos a Fiscal, pero que no pueden descartar a ningún aspirante que pueda caer en esa situación, porque no hay argumento ni base legal, más que el “compromiso ético” del aspirante.
“Esas son las circunstancias que habrá que valorar en el Reglamento (Interno de la Asamblea) en el futuro, que cuando una persona desempeña ese cargo de cierta responsabilidad que puede generar ese conflicto de interés deberían quedar inhibidos de participar; ahorita no hay forma, nada más la voluntad de la persona y su compromiso con la ética”, argumentó.
Jorge Daboub, miembro de DECIDE, dijo que ahora que la Asamblea ha decidido reducir el listado a 14 aspirantes, deben ser más rigurosos con la evaluación.
También cuestionó que hay poca información de los criterios que han utilizado los diputados para decir que son 14 los preseleccionados.
“El Fiscal es después del Presidente de la República el funcionario con más poder y, por lo tanto, debemos pedir los ciudadanos que queremos vivir en un país democrático que se haga la elección de la mejor manera”, reflexionó Daboub.
Además: Abogados exigen a diputados mayor transparencia en elección del fiscal general
En atención a ese cometido, DECIDE presentó a Quijano una propuesta de cuadro de evaluación con varios ítems a analizar para los que han quedado seleccionados.
Ponderar con el 25% la moralidad notoria, que abarca conocer si el aspirante no tiene procesos pendientes o archivados, incluidas causas penales de violencia en contra de las mujeres, violaciones a derechos humanos, falta de pago de cuotas alimenticias, así como procesos administrativos relacionados con la ética pública y el manejo de fondos del Estado.
En la moralidad notoria incluyen otro aspecto a considerar, la “estabilidad socio-familiar”, que incluye exigir que presenten atestados de Estado familiar, declaración jurada de vecinos, declaración jurada de compañeros de trabajo y declaración jurada del personal subalterno, entre otros.