Límites al poder

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12 December 2018

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le dijo a los jueces que “no se han adaptado a la nueva realidad del país”. El reclamo sobrevino por la suspensión de la ley impulsada por MORENA, el partido de gobierno, que decreta la reducción de los salarios de los empleados públicos al mismo nivel que el del mandatario. La iniciativa atrae los aplausos de las masas, eso lo sabe bien López Obrador (AMLO).

Su cálculo, al parecer, es que la presión popular le ayudará a sobrepasar los límites del poder formal. Ya demostró de lo que es capaz al convocar dos consultas populares como presidente electo sin contar con facultades legales para hacerlo y a sabiendas de que los efectos de ese ejercicio de “democracia directa” no son vinculantes.

El gobernante acusa a los funcionarios de la judicatura de tener “los pagos más altos del mundo”. La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Federación han protestado por la medida y rechazaron las expresiones de AMLO, quien afirmó que algunos jueces cobran 600 mil pesos mensuales, aproximadamente $30,000 dólares. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desmintió las afirmaciones del presidente y publicó la dirección en la que los ciudadanos pueden constatar cuál es la política salarial de esa instancia.

La disputa, si bien se concentra en un aspecto fundamental de la administración pública relacionado con los emolumentos de los funcionarios y empleados públicos, revela indicios de comportamientos autoritarios del presidente y de su grupo parlamentario. La suspensión temporal de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos por parte del máximo tribunal de justicia es un acto legítimo de este órgano de Estado. El magistrado que promovió la decisión manifestó que se debe evitar un daño irreparable en perjuicio de los que verían rebajado su salario a partir de 2019. Los diputados de MORENA, a pesar de la orden judicial, sostienen que seguirán adelante con la aplicación de la ley.

La situación no puede calificarse como una controversia ordinaria entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Cuando el presidente señala a los jueces de percibir un salario diferente al que realmente ganan, y sus diputados mantienen la decisión sin importar el mandato de la Suprema Corte, nos encontramos frente a una amenaza latente de ruptura institucional. Al revés del presidente en su intención por disminuir los salarios se agrega la resolución que calificó como legítimo el triunfo del Partido de Acción Nacional (PAN) en el Estado de Puebla. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la victoria del candidato a gobernador de ese partido no obstante las presuntas irregularidades presentadas por MORENA. López Obrador tildó de antidemocrático el fallo del Tribunal.

La insatisfacción de los ciudadanos con la democracia por la falta de resultados está llevando a la presidencia a líderes sin partido con proyectos personalistas lo mismo que a individuos con fibras autoritarias. Esta realidad es difícil de cambiar porque nace de las urnas donde los electores expresan su voluntad. Además, en muchos de los casos, la asunción de estos personajes es consecuencia de malos gobiernos en los que abundó el despilfarro y la malversación de fondos públicos.

Sin embargo la gente debe entender que los gobernantes están obligados a ajustarse a los controles establecidos en la Constitución. Cuando se ignora esta máxima se facilita el abuso de autoridad y se degenera la administración del Estado. Venezuela es el ejemplo más claro en el continente, al que ahora se suma Nicaragua, donde no hay división de poderes, existe represión y las libertades y los derechos fundamentales fueron borrados.

Con jueces independientes, un fiscal que persiga el delito sin mirar condición económica ni afinidades políticas ni religiosas, una contraloría que audite con rigurosidad el uso del dinero público, un organismo electoral que garantice elecciones con integridad y una Asamblea Legislativa que aplique los controles políticos establecidos en la Carta Magna, ciertamente no desaparece el riesgo de agravios al Estado de derecho pero sí disminuye seriamente el ámbito de acción de los que buscan atropellarlo aprovechando la desesperación y el respaldo de aquellos a los que no les importa que se incumpla la ley con tal que se resuelvan sus principales dilemas.

Doctor en derecho y politólogo