El ex magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sidney Blanco, llegó a Washington para participar en el lanzamiento del informe sobre los desafíos de El Salvador en el combate a la corrupción desarrollado por la Fundación para el Debido Proceso, (DPLF). Luego de una ponencia virtual para explicar sobre la jurisprudencia salvadoreña y los avances y retrocesos en el combate a este flagelo, el jurista conversó con El Diario de Hoy para ahondar en algunos tópicos de su exposición y valorar otras temáticas de la vida nacional.
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Usted habla de un período de “lucidez espléndida” en el combate a la corrupción en el país 2014–2017 y que de ahí en adelante hubo como un frenazo por decisiones de la Corte en pleno.
Si hace cinco años nos hubieran dicho que iba a pasar lo que ha pasado: un expresidente exiliado (Mauricio Funes), otro fallecido (Francisco Flores) durante el proceso de investigación, uno condenado (Antonio Saca), un ex fiscal general (Luis Martínez) también condenado; funcionarios públicos de primer nivel condenados; hace cinco años no lo hubiéramos creído porque la fuerza de la costumbre lo iba a impedir. Creo que no deberíamos despreciar este avance en el combate a la corrupción porque es importante. Buena parte de la sociedad también se ha posicionado de que hay una posibilidad real ahora más que antes de que los políticos corruptos sean llevados a la cárcel.
¿Pero el gran problema sigue ahí?
Claro, porque la magnitud de la corrupción en El Salvador es tan grande que probablemente estos casos pueden parecer insignificantes frente a lo que debería hacer el país y las instituciones. Pareciera que la sociedad necesita más casos todavía para manifestarse en un mismo sentido de la indignación a los corruptos.
¿No hay sincronía en la población en cuanto a quiénes deben ser castigados?
No, todavía escuchamos que si es señalado o investigado determinado funcionario, te salen los otros diciendo: ¿Y por qué no investigan a éstos o aquéllos? Y es que los corruptos son corruptos, no lo veamos por colores políticos. La sociedad todavía está confundida creyendo que un lado es bueno y el otro no.
¿Usted cree el andamiaje jurídico del país es suficiente para combatir la corrupción?
En lo personal evito hablar de reformas legales, o crear nuevas leyes porque tenemos una jurisprudencia importante desde la Sala de lo Constitucional y de la misma Corte Suprema de Justicia que dan claridad sobre la ruta a seguir en el combate a la corrupción, no es problema de normativa, es problema de voluntad.
¿En el combate a la corrupción cómo puede la ciudadanía detectarlos para actuar en contra?
Los más grandes corruptos en El Salvador los ha elegido el pueblo, han surgido del voto directo. La gran corrupción de funcionarios es porque el pueblo los eligió, y eso debe ser un detonante para los propios ciudadanos, porque nosotros somos responsables de haber puesto a estos corruptos al frente de instituciones que le hacen daño al sistema, a los más pobres que no tienen salud, educación, trabajo y seguridad.
¿Qué pasa con los salvadoreños entonces?
Bueno, yo estoy preocupado con esta ciudadanía que se equivoca o nos equivocamos una y otra vez, porque recordemos que estos funcionarios de primer grado, presidente, vicepresidente, diputados y concejos son nuestros representantes que mañana van a elegir funcionarios y que deben trabajar por las instituciones democráticas, entonces, el primer responsable es el pueblo.
¿Cree que puede haber continuidad en el trabajo iniciado por la Sala de la que usted fue parte?
En el combate a la corrupción hay un punto hasta marzo de 2017. De ahí en adelante no hubo más casos, todos han quedado pendientes, por una u otra razón. Esperemos que los nuevos magistrados retomen lo que quedó hasta marzo de 2017 y trabajen de la forma que se trabajó hacia atrás hasta 2015. Creo que requiere un poco más de tiempo, y creo también que hay temas en los que me costaría creer que haya una marcha atrás.
¿Como cuáles?
Por ejemplo estos temas de prohibición de transferir fondos de una partida a otra (en las cuentas del Estado autorizadas en el presupuesto), los temas de extinción de dominio, que son interpretaciones sólidas que hizo la Sala de lo Constitucional anterior; otras como la participación política de los ciudadanos, las candidaturas no partidarias, el tema de las listas abiertas; veo bien difícil que haya argumentos jurídicos para revertirlos.
¿El trabajo de la Fiscalía es suficiente hasta este momento?
Cuando he dicho que los casos de investigación que antes parecían impensables, estoy incluyendo al papel de la Fiscalía, con acciones que no veíamos en otros fiscales. Es decir, que en los pocos pasos que hemos dado en el combate a la corrupción el Fiscal General ha sido un protagonista importante. Claro, como en el país hay tanta criminalidad de todo tipo, otros podrían ver que su papel ha sido poco o no con la intensidad que se requiere.
¿Qué criterios se deben considerarse para elegir un buen fiscal general que garantice el combate a la corrupción y la impunidad?
Creo que con esto de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que hizo la Asamblea Legislativa dibujó serios problemas en los procesos de elección; vimos diputados hablando distinto lenguaje, haciendo valoraciones ligeras sobre determinados candidatos en un papel poco profesional sobre el análisis de los candidatos y los objetivos que se buscan, ese tema de proceso de elección de funcionarios requiere una reforma amplia y profunda al interior de la Asamblea Legislativa.
¿Duda de las capacidades de la Asamblea Legislativa para esta tarea?
La Asamblea Legislativa no está capacitada para elegir funcionarios, lo he dicho antes, habría que ir pensando es si se puede sustraerse esa competencia de la Asamblea Legislativa, porque ese órgano de Estado está aferrado a una visión política partidaria que hace mucho daño al país, y muchas veces esas elecciones se convierten en cuotas de poder que los partidos entienden que tienen ese derecho de tener dentro del Estado, y eso obviamente está totalmente alejado de lo que significa construir instituciones sólidas.
¿La elección presidencial contamina el panorama?
El problema es que se conecta y todo gira alrededor de expectativas, es grave que un fiscal, que un procurador y unos magistrados se involucren en esas expectativas, porque son funciones totalmente distintas, jueces y fiscales deben estar al margen de esas negociaciones.
Si vemos como se han comportado los partidos políticos después de los Acuerdos de Paz, vemos dos fuerzas (políticas) y los satélites transitan entre uno y otro a la conveniencia; los demás funcionarios no pueden estar a ese mismo ritmo.