Fundación en EE.UU. propone una Fiscalía especial anticorrupción

Informe revisa el trabajo y facultades de instituciones estatales encargadas de controlar a los funcionarios públicos y combatir la corrupción. También revisa los cuerpos legales que dan soporte.

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La doctora Úrsula Indacochea presentó el informe anticorrupción sobre El Salvador con el juez Sidney Blanco. Foto EDH/ Tomás Guevara

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11 December 2018

Retomar el debate sobre la autonomía operativa y presupuestaria de una fiscalía especial de combate a la corrupción dentro de la estructura de la Fiscalía General, recomienda la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) en su informe “La apuesta salvadoreña en el combate a la corrupción”, presentado este martes en Washington DC.

Esta organización enrolada en El Salvador por la búsqueda de garantías al debido proceso tiene especial interés en nuestro país dado que es el único del Triángulo Norte que ha decido combatir la corrupción con el estamento jurídico estrictamente local.

La oficial del programa de DPLF, Úrsula Indacochea, quien presentó el informe desde la sede la organización en Washington, se hizo acompañar del ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sidney Blanco, para tener valoraciones jurídicas sobre la problemática a las observaciones hechas por el informe.

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DPLF considera que el titular de la mencionada fiscalía especial debe ser elegido y fiscalizado mediante mecanismos especiales, y que incorpore salvaguardas similares a los aplicables a la elección de Fiscal General.

Asimismo, estima importante evaluar la necesidad de solicitar apoyo de la cooperación internacional para instalar un mecanismo especial de combate a la corrupción y la impunidad en El Salvador.

A juicio de la entidad internacional, el problema de la impunidad en El Salvador no se debe a la falta de instituciones para hacer frente a la corrupción (más de quince en total), sino en la forma en que éstas ejercen las atribuciones que les concede el marco jurídico interno.

Más bien, persisten dudas sobre la voluntad y capacidad de las instituciones salvadoreñas de desarticular las estructuras criminales que, con distintos alcances y de diversas formas- han permeado sus intereses en las instituciones del Estado.

El Salvador ha apostado por enfrentar la corrupción con herramientas e instituciones estrictamente nacionales. Pero con ello no ha logrado revertir una alta percepción de impunidad en el país. La “cifra negra” de la impunidad en El Salvador es altísima: 90 de cada 100 delitos cometidos no se denuncian.

El documento, de 23 páginas, señala que “este contexto de impunidad (en El Salvador) es nocivo para la lucha contra la corrupción en El Salvador por dos razones: primero, porque evidencia un sistema incapaz de investigar delitos que emplean estructuras y redes complejas. Y segundo, porque evidencia también que la independencia de las instituciones de justicia no está suficientemente protegida con salvaguardas que lo hagan inmune frente a las presiones de grupos interesados en usar su influencia para frenar la lucha contra la corrupción”.

El informe pasa a analizar los factores que debilitan las instituciones, entre ellos la metodología de elección política de funcionarios clave para el combate de la corrupción, como el Fiscal General y los magistrados de la Corte de Cuentas, entre otros.

“La Asamblea Legislativa es quien los designa mediante procedimientos con escasas salvaguardas frente a influencias indebidas, y en los que hay amplios espacios de discrecionalidad que dejan lugar para el juego y la negociación de distintos tipos de intereses”, advierte el documento.

Según DPLF, la Corte de Cuentas no parece tener como prioridad identificar patrones o recolectar información que sirva para comprender cómo funcionan las redes de corrupción.

En cambio, la Sección de Probidad de la Corte Suprema tiene más potencial, pero “está debilitada”, solo ha actuado a instancia de la presión y demanda de organizaciones de la sociedad civil y sus criterios de selección de casos no son públicos.

Por lo anterior, DPLF recomienda crear una nueva ley de Probidad, revisar los parámetros de designaciones y, con base en parámetros internacionales, crear una ley para el nombramiento de funcionarios clave en la lucha contra la corrupción, como el Fiscal y los magistrados contralores. Además, evaluar integralmente las instituciones de control y el marco normativo de combate a la corrupción y revisar el diseño de mecanismos de rendición de cuentas.

Por su parte, el juez Blanco explicó que desde su criterio El Salvador debe agotar toda su capacidad antes de comprometerse a la instalación de comisiones internacionales como las de Guatemala y Honduras, porque dijo que el problema es que si bien esas instituciones con foráneos hacen el trabajo, al concluir esas misiones supervisadas por la comunidad internacional, el país vuelve a caer en los mismos esquemas, por lo que el trabajo lo tienen que hacer los salvadoreños comprometidos en fortalecer las instituciones.