La reforma hecha a la Ley de Responsabilidad Fiscal “es contraria al sentido y espíritu con que se aprobó originalmente” e implica un retroceso en lo planteado en la Asamblea Legislativa en noviembre de 2016, advirtió esta semana la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
De acuerdo con el tanque de pensamiento, los cambios “son un menoscabo a su finalidad de perseguir l a sostenibilidad de las finanzas públicas”.
Además de la demora del Ministerio de Hacienda en presentar la reforma, Fusades critica que se llevó un ajuste fiscal incompleto. Originalmente, la LRF dictaba un ajuste del 3 % del Producto Interno Bruto (PIB) hecho de manera gradual a lo largo de tres años, entre 2017 y 2019.
Sin embargo, ahora, el modificado art. 10 de la Ley, dice que aunque el ajuste siempre será de 3% del PIB, estaría compuesto por un descenso de 0.4% en gastos, un incremento de 0.5% en ingresos, y un descenso en pago de las pensiones en el orden de 2%.
Como este ahorro del 2 % en las pensiones no fue incluido en el diseño original, Fusades insiste en que la reforma a la LRF “evoca a realizar más reformas de pensiones relacionadas con la sostenibilidad financiera, lo cual no es factible, dado el contexto actual”.
En un comunicado, la Fundación explicó que con el cambio se pretende que la carga tributaria, que se ubica en 18% del PIB en 2018, alcance 18.5% del PIB en 2021, y el gasto en consumo (remuneraciones y bienes y servicios) que registró un valor de 14.4% del PIB en 2017, no sobrepase el 14% del PIB en 2021.
Otro de los señalamientos es que la reforma dejó por fuera un te cho de gasto en intereses y subsidios como proporción del PIB, des pués del ajuste.
La ley, incluso, ya se había incumplido antes de la reforma. La idea era que el gasto corriente creciera a un ritmo menor que el de la economía para que disminuyera su peso respecto al PIB; sin embargo, hasta octubre de 2018, el gasto ya creció 12.7 %; mientras que la economía no ha pasado del 3%.
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Además, “la reforma realizada, deja por fuera a las transferencias, es decir a los subsidios, y el pago de intereses, lo cual implica que estos gastos podrían continuar aumentando, constituyéndose como rubros de gasto que no contribuyen al ajuste”, especificó Fusades.
En ese sentido, para cumplir con la meta, el gasto en remuneraciones y de bienes y servicios deben crecer a una tasa menor que la del PIB nominal, una situación diferente a la registrada hasta el momento.
En relación al plazo, como la reforma señala que el ajuste debe realizarse en un período de cinco años, ubicados entre 2017 y 2021- y ya no en tres, del 2017 al 2019- la Fundación objeta que se extiende el plazo para que sea el nuevo gobierno a cargo del Ejecutivo quien lo cumpla y retrocede en la idea de hacer un cambio de manera “impostergable”.
“Tanto la práctica como la reforma han sido contrarias a lo que se estipuló, de manera que una ley cuyas metas no se cumplen, trae más perjuicio que beneficio al país”, enfatizó la Fundación en el documento.
Por último, la organización insistió en que contar con una Ley como esta no es suficiente, y, sobre todo que “nada sustituye la responsabilidad y fuerte liderazgo del Órgano Ejecutivo, que es el llamado a preservar la estabilidad financiera del Estado “.